La Procuraduría General de la Nación, en su rol como Ministerio Público, solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible el Decreto Legislativo 0044 de 2026, emitido por el presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Minas y Energía durante la declaratoria de emergencia económica. Esta norma creó un impuesto transitorio conocido como ‘aporte solidario de energía’ en el sector energético, medida que ahora enfrenta un pronunciamiento para ser tumbada por no cumplir con los parámetros constitucionales de los estados de excepción. La decisión de la Corte se espera después de Semana Santa, en el marco del segundo desarrollo reglamentario de una emergencia ya suspendida por el alto tribunal en enero.
El concepto de la Procuraduría examina formal y materialmente el decreto, argumentando que sus disposiciones no satisfacen los estándares exigidos por la Constitución y la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción. Entre las falencias destacadas se encuentra la falta de conexión con los hechos referidos en la declaratoria de emergencia, la ausencia de proporcionalidad y una motivación suficiente, lo que invalida las medidas para fortalecer un fondo empresarial a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y exigir aportes en especie a cambio de beneficios tributarios.
Fundamentos del pronunciamiento procuratorial
El Gobierno había justificado el decreto por la crisis en el sistema eléctrico nacional, problemas de liquidez, dificultades operativas en la Costa Caribe y la necesidad de recursos para respaldar empresas intervenidas y garantizar la continuidad del servicio eléctrico, alegando una perturbación grave por factores financieros, operativos y estructurales. Sin embargo, la Procuraduría se alinea con sus cuestionamientos previos a la emergencia, sosteniendo que solo las medidas de financiación de la salud mediante la UPC cumplían los requisitos constitucionales, mientras que este decreto no supera el juicio de proporcionalidad requerido.
«Del examen formal y material del Decreto Legislativo 0044 de 2026 se desprende que las disposiciones no satisfacen los estándares exigidos por la Constitución y la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción».
Procuraduría General de la Nación, en su documento.
«Se trata de medidas que buscan fortalecer un fondo empresarial a cargo de la superintendencia que vigila el sector, así como de exigir un aporte en especie a cambio de un beneficio tributario, asuntos que no guardan vínculo alguno con los hechos referidos en el decreto de declaratoria de la emergencia».
Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación).
La Corte Constitucional analizará el fondo del asunto con ponencia a cargo del magistrado Carlos Camargo, en un contexto de crecientes cuestionamientos a los decretos de emergencia económica del Gobierno Petro. Este nuevo pronunciamiento de la Procuraduría refuerza la necesidad de que las medidas excepcionales sean estrictamente necesarias y proporcionales para superar la situación de crisis, dejando en suspenso el futuro del ‘aporte solidario de energía’ y su impacto en el sector.
«Así las cosas, derivado de la ausencia de motivación suficiente, el decreto legislativo bajo examen no cumple con el juicio de proporcionalidad necesario, toda vez que no se encuentran las razones por las cuales las medidas tomadas resultan ser las absolutamente necesarias para la superación del estado de emergencia».
Procuraduría General de la Nación.
