La entidad Colombia Compra Eficiente reveló la adjudicación de 80.736 contratos directos por más de 31 billones de pesos a asociaciones público-populares, un mecanismo instaurado por el gobierno del presidente Gustavo Petro y eliminado por la Corte Constitucional por vulnerar principios de transparencia y reserva de ley en la contratación pública. Esta información, divulgada en respuesta a un derecho de petición del diario El Tiempo, generó una fuerte reacción en redes sociales de la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien acusó al Ejecutivo de utilizar estos recursos para fortalecer estructuras políticas del Pacto Histórico y comprar elecciones, especialmente en un contexto donde el sistema de salud se encuentra colapsado.
De estos contratos, 55.434 se adjudicaron a asociaciones comunales por más de 25 billones de pesos, 13.970 a consejos comunitarios por dos billones, 2.274 a resguardos indígenas por un billón, 1.389 a cabildos por 700 mil millones, 6.927 a juntas de acción comunal por 6.900 millones y 742 adicionales a cabildos indígenas por 382 mil millones. Solo el 7% de ellos, equivalentes a 7.309 contratos con asociaciones comunales por 4,7 billones, han finalizado, mientras que la mayoría se encuentran en estados de “celebrado”, “modificado” o “en ejecución”. El promedio por contrato asciende a 384 millones de pesos, según los datos del primer trimestre de 2026 alertados por la Contraloría y el concepto emitido por el procurador en mayo de 2025.
Críticas por opacidad y falta de ejecución
El mecanismo de asociaciones público-populares, regulado en los artículos 100 y 101 del Plan Nacional de Desarrollo, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional al desconocer normas constitucionales en la materia. Alertas de la Contraloría y la Cámara Colombiana de Infraestructura han señalado la falta de ejecución y opacidad en estos procesos, con obras prometidas que no se han materializado, como los 33.000 kilómetros de vías rurales planeados hasta 2025, de los cuales solo se han construido 2.387 kilómetros. Paloma Valencia, desde su cuenta en redes sociales, cuestionó el destino de estos fondos en un país con problemas urgentes en salud e infraestructura.
«Es increíble que con el sistema de salud colapsado se gasten 31 billones para comprar elecciones»
Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático
Por su parte, el procurador general Gregorio Eljach defendió en su momento la idea de flexibilizar la contratación para potenciar este segmento de la economía, considerándola razonable y proporcional, aunque la decisión judicial ya puso fin a la figura. La revelación subraya tensiones políticas en Colombia, donde estos contratos directos a juntas de acción comunal, resguardos, cabildos indígenas y otras asociaciones comunales han sido el centro de un debate sobre transparencia y uso partidista de recursos públicos.
«flexibilizar la contratación para potencializar este segmento de la economía resulta razonable y proporcional»
Gregorio Eljach, procurador general
