El Consejo de Estado de Colombia, a través de su Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, reabrió este jueves 10 de febrero de 2026 el proceso de pérdida de investidura contra el presidente Gustavo Petro, quien fue senador previamente, por presuntas inasistencias a sesiones plenarias durante su ejercicio legislativo. La decisión se tomó al resolver una apelación presentada contra un auto emitido el 21 de septiembre de 2022 por la Sala 14 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, que inicialmente había declarado falta de competencia. La demanda fue interpuesta el 24 de mayo de 2022 por Joan Sebastián Moreno Hernández, y los hechos denunciados corresponden exclusivamente al período en que Petro era senador, antes de asumir la presidencia el 7 de agosto de 2022.
La providencia revocó la declaratoria de falta de competencia y ordenó continuar el trámite en primera instancia ante el despacho de origen, asumiendo el Consejo de Estado su competencia expresa para resolver solicitudes de este tipo contra congresistas y excongresistas, según lo establecido en la Constitución Política y la ley. La causal invocada es la inasistencia a sesiones plenarias del Senado, prevista en el artículo 183 de la Constitución, con un total de 17 sesiones inasistidas entre agosto de 2018 y abril de 2022, más ocho sesiones adicionales en el mismo período legislativo en las que no participó.
Revocación por hechos previos a la Presidencia
En primera instancia, se había argumentado que el fuero presidencial de Gustavo Petro impedía el avance del proceso, pero la Sala Plena aclaró que no es posible equiparar una pérdida de investidura de congresista con procesos de responsabilidad penal o disciplinaria contra el presidente de la República. Dado que los hechos se refieren únicamente a su actuación como senador, el fuero no obsta para analizar conductas anteriores en este tipo de acciones. Ahora, el expediente regresa a la Sala 14 Especial para que se tramiten las pruebas, los argumentos de las partes y las justificaciones de la defensa de Petro, que incluyen motivos de salud, con los eventuales efectos sobre su cargo actual a evaluarse en la sentencia de fondo.
«la Constitución Política y la ley asignan al Consejo de Estado, expresa e inequívocamente, la competencia para resolver las solicitudes de pérdida de investidura en contra de congresistas y excongresistas»
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado
«no es posible equiparar un proceso de pérdida de investidura de congresista con uno de responsabilidad penal o disciplinaria en contra del presidente de la República»
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado
Este fallo marca un nuevo capítulo en el controvertido expediente que podría tener implicaciones políticas significativas para el mandatario, aunque su resolución final dependerá del análisis detallado de las pruebas presentadas, en un contexto donde el Consejo de Estado reafirma su rol como garante de las normas sobre investiduras congresionales en el país.
