La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, cuestionó duramente al presidente Gustavo Petro por atribuirse el mérito de la reducción de la jornada laboral establecida en la Ley 2101 de 2021, una iniciativa impulsada por su partido durante el gobierno de Iván Duque. La controversia surgió tras una entrevista que Petro concedió al streamer Westcol, donde el mandatario afirmó que su administración había logrado disminuir la jornada y aumentar los recargos por horas extras después de las 6:00 p. m., lo que generó inmediatas reacciones de la oposición en Colombia.
Esta ley, aprobada en 2021, establece una reducción progresiva de la jornada laboral máxima de 48 a 42 horas semanales sin afectar el salario de los trabajadores formales, beneficiándolos con más tiempo libre y potencialmente mejorando su bienestar. Desde el 15 de julio de 2024, la jornada se redujo de 47 a 46 horas semanales, con el objetivo final de alcanzar las 42 horas en 2026, en un esfuerzo por alinear a Colombia con recomendaciones de la OCDE sobre productividad y equilibrio entre trabajo y vida personal, en un país conocido por sus extensas jornadas laborales.
Reacciones y contexto político
En su pronunciamiento público, Cabal enfatizó que Petro no debería apropiarse de una norma que no pertenece a su gestión, recordando que fue el Centro Democrático el que la promovió originalmente. Las críticas se extendieron a las redes sociales, donde usuarios atribuyeron la iniciativa incluso al expresidente Álvaro Uribe Vélez, avivando las tensiones entre el gobierno actual y la oposición en un momento de polarización política marcada por debates sobre reformas laborales.
«Petro no le queda bien apropiarse de la Ley 2101 de 2021, impulsada por nuestro partido Centro Democrático que reduce la jornada laboral máxima de 48 a 42 horas semanales sin disminuir el salario.»
María Fernanda Cabal, senadora
La medida representa un avance para los trabajadores formales al otorgarles mayor tiempo libre sin merma salarial, aunque persisten discusiones sobre su impacto en la productividad y la economía. Este intercambio de declaraciones pone de manifiesto las fricciones entre el Ejecutivo y el Congreso opositor, en un contexto donde Colombia busca modernizar sus políticas laborales para competir internacionalmente.
