La Corte Suprema de Justicia investiga formalmente a más de 30 congresistas, entre ellos la senadora Laura Ester Fortich, la representante a la Cámara Jezmi Lizeth Barraza, ya formalmente vinculada, Juan Loreto Gómez, Olga Lucía Velásquez, Katherine Miranda Peña y Wilmer Carrillo Mendoza, por presuntamente recibir contratos del Instituto Nacional de Vías (Invías) a cambio de votos favorables a las reformas impulsadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. La red de reparto de recursos públicos superó el billón de pesos, con 61 contratos asignados que coinciden con las pruebas recolectadas, involucrando también a figuras como el exministro Ricardo Bonilla, el director de Ejecución y Operación del Invías Juan José Oyuela, la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides y el exministro Luis Fernando Velasco.
Los testimonios y diligencias judiciales se concentraron en octubre y noviembre de 2024, revelando un supuesto pacto de respaldo legislativo a cambio de asignaciones directas de contratos estatales de obra pública. Estas operaciones se gestionaron mediante tablas secretas actualizadas, documentación oficial, archivos de audio, chats de WhatsApp y adiciones presupuestales que coincidían temporalmente con votaciones clave en el Congreso, particularmente en las comisiones tercera y cuarta del Senado y la Cámara de Representantes.
Pruebas en sedes clave y municipios beneficiados
La sede central del Invías en Bogotá, ubicada en el edificio Central Point, fue escenario de reuniones de congresistas con registros de ingresos y comunicaciones internas que respaldan las acusaciones. En municipios como Envigado, en Antioquia, se adjudicó un convenio interadministrativo por más de 12.500 millones de pesos, mientras que en Barrancas, La Guajira, una adición presupuestal superó los 26.000 millones de pesos. La investigación, liderada por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, fue revelada por la revista Semana y extiende sus tentáculos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), destacando vinculaciones de contratistas con lazos personales o familiares directos a los congresistas implicados.
Mayorías legislativas construidas con recursos públicos
El propósito de este esquema habría sido construir mayorías legislativas para aprobar el Presupuesto General de la Nación (PGN) y multimillonarios créditos externos, implicando funciones directivas del Ministerio de Hacienda y del Invías en la reactivación de regiones específicas mediante partidas presupuestales discrecionales para municipios aliados. Estas evidencias narran un intercambio sistemático de apoyo parlamentario por favores en la asignación de contratos, lo que pone en jaque la transparencia en el manejo de recursos estatales durante el actual Gobierno.
