El proceso de renovación parcial de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia avanzó con la inscripción de alrededor de 450 aspirantes ante el Consejo Superior de la Judicatura, quienes se postularon para ocupar cinco cargos de magistrados cuya elección está prevista para agosto de 2026. Entre los candidatos destacan el juez Hugo Carbonó, conocido por investigar el presunto enriquecimiento ilícito de Nicolás Petro, y la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico y presidenta de la Comisión de Acusación. Las vacantes corresponden a los magistrados Cristina Eugenia Lombana Velásquez, Héctor Javier Alarcón Granobles, Francisco Javier Farfán Molina, César Augusto Reyes Medina y Marco Antonio Rueda Soto.
Las inscripciones se realizaron recientemente a través de la plataforma digital habilitada por el Consejo Superior de la Judicatura en Colombia, donde los aspirantes cargaron sus documentos en formato PDF, incluyendo formación académica, experiencia profesional y declaración juramentada de no inhabilidades. Este paso busca llenar las plazas en una sala que actualmente está conformada por seis magistrados y que tiene un rol clave en la investigación penal de congresistas y excongresistas por delitos relacionados con sus funciones parlamentarias.
Origen y funciones de la Sala Especial
Creada mediante el Acto Legislativo 01 de 2018, la Sala Especial de Instrucción se encarga de investigar, acusar ante la Sala Especial de Primera Instancia, practicar pruebas y adoptar medidas sobre derechos fundamentales, con decisiones que resultan inapelables. Los requisitos para los aspirantes exigen el cumplimiento de lo establecido en la Constitución y la ley, con las hojas de vida presentadas exclusivamente por la plataforma oficial. Ahora, el proceso ingresa en la fase de análisis de perfiles, lo que genera gran expectativa dada la relevancia de esta instancia en investigaciones de alto impacto político y judicial.
Las próximas etapas incluyen la publicación de la lista de inscritos, la recepción de observaciones ciudadanas, la preselección de candidatos y la conformación de listas finales, tanto mixtas como exclusivas de mujeres para garantizar la paridad de género. Con 450 personas inscritas para solo cinco cargos, la competencia se anuncia reñida en un contexto donde la Sala mantiene su labor investigativa sin interrupciones.
