Un juez penal de conocimiento de Bogotá impuso una condena de 16 años, 7 meses y 6 días de prisión a Francisco Javier Estupiñán Bravo, exgerente de ventas de la Corporación Mixta Integral Yapurutú, por los delitos de peculado por apropiación propio y en favor de terceros agravado, e interés indebido en la celebración de contratos, en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La sentencia se deriva de la orden de proveeduría 185 del 11 de octubre de 2023, valorada en 29.000 millones de pesos, para el suministro de 40 carrotanques destinados a llevar agua potable a comunidades indígenas de La Guajira.
Estupiñán Bravo aceptó de manera libre y voluntaria los cargos, recibiendo el aval judicial correspondiente, mientras que la Fiscalía radicó acusación por falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. La investigación, liderada por fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, reveló que el condenado intervino en la adjudicación del contrato presentando documentación falsa sobre la disponibilidad inmediata de los vehículos, basada en una alianza comercial inexistente con un concesionario automotriz. Además, participó en la gestión de desembolsos por 24.406 millones de pesos, a pesar de que los carrotanques se encontraban en proceso de ensamblaje, lo que generó un sobrecosto de 11.114 millones de pesos. De esta cifra, se apropió 4.330 millones junto con el representante legal de Yapurutú y permitió que terceros se quedaran con 6.784 millones.
Pruebas y declaraciones de la Fiscalía
La Fiscalía presentó pruebas contundentes que llevaron a la aceptación de cargos por parte de Estupiñán Bravo, evidenciando su rol clave en el entramado de corrupción de la Ungrd. Contra la condena proceden los recursos de ley, en un caso que forma parte de una investigación más amplia sobre irregularidades en la entidad.
«El hoy sentenciado había aceptado de manera libre y voluntaria los delitos de peculado por apropiación propio y en favor de terceros agravado, e interés indebido en la celebración de contratos. Esta manifestación recibió aval judicial. Entre tanto, respecto a otros dos cargos que le fueron formulados, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado, la Fiscalía radicó escrito de acusación.»
Fiscalía General de la Nación
«La investigación orientada por un equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia evidenció que Estupiñán Bravo intervino en la adjudicación de la orden de proveeduría 185 del 11 de octubre de 2023, por 29.000 millones de pesos, cuyo objeto era el suministro de 40 carrotanques para llevar agua potable a comunidades indígenas de La Guajira. Para ello, presentó documentación falsa que acreditaba la disponibilidad inmediata de los vehículos, sustentada en una alianza comercial inexistente entre la corporación y un concesionario automotriz.»
Fiscalía General de la Nación
«Asimismo, participó en la gestión de desembolsos por 24.406 millones de pesos, cuando los carrotanques no estaban disponibles, debido a que se encontraban en ensamblaje. Las pruebas establecieron un sobrecosto de 11.114 millones pesos, del cual, junto con el representante legal de Yapurutú, se apropió de 4.330 millones y permitió que terceros se quedaran con 6.784 millones de pesos. Contra la condena conocida proceden los recursos de ley.»
Fiscalía General de la Nación
Caso relacionado: César Manrique Soacha
En un desarrollo paralelo del mismo escándalo en la Ungrd, el Juzgado 11 Penal con función de conocimiento de Bogotá confirmó la medida privativa de la libertad contra César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, quien se encuentra prófugo con orden de captura internacional y alerta Interpol Roja por riesgo de evasión e interferencia en el proceso. Esta decisión también resolvió apelaciones contra siete exfuncionarios implicados, fortaleciendo las acciones judiciales contra la red de corrupción.
