El representante a la Cámara Wadith Manzur vio cómo su patrimonio bruto se duplicó en apenas dos años hasta alcanzar los 4.139 millones de pesos en 2023, un crecimiento exponencial que se extendió entre 2021 y 2025, mientras permanece detenido desde el 12 de marzo de 2026 en el búnker de la Fiscalía General en Bogotá por presunta implicación en un esquema de compra de votos relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Según una revisión de declaraciones juradas y registros oficiales realizada por la revista Cambio, este ascenso patrimonial se sustentó principalmente en la adquisición de 47 inmuebles en Córdoba, distribuidos en cuatro propiedades en Montería y 43 en Cereté, además de ingresos por salario legislativo, cesantías, gastos de representación, arriendos y actividades empresariales en cría y venta de ganado, cultivo de maíz y algodón a través de empresas familiares.
En su declaración de 2023, Manzur reportó un patrimonio líquido de 3.198 millones de pesos tras descontar deudas por 940 millones asociadas a proveedores agropecuarios, lo que representa un incremento de 1.894 millones respecto a 2021. Ese año, sus ingresos totalizaron 2.071 millones de pesos, desglosados en 362 millones por salario legislativo, 48 millones en cesantías, 223 millones en gastos de representación y 55 millones por arriendos, con cuentas bancarias que sumaban 312 millones en ahorros y 343 millones en corriente. Bienes muebles valorados en más de 300 millones, inversiones superiores a 170 millones y otros activos por alrededor de 600 millones completaban su declaratoria, aunque en la actualización de junio de 2025 solo consignó cuatro inmuebles: uno en Cereté avaluado en 38 millones y tres en Montería por 442, 17 y 1.278 millones de pesos respectivamente.
Propiedades bajo la lupa judicial
Entre las propiedades específicas figuran una casa en el barrio La Castellana de Montería, un apartamento y dos parqueaderos en el edificio Río Parque de la misma ciudad, así como seis inmuebles contiguos en la urbanización Villa Rosa de Cereté, según datos de la Superintendencia de Notariado y Registro. Estas adquisiciones contrastan con el escrutinio al que se somete su patrimonio tras la orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia en marzo de 2026, basada en pruebas de corrupción en la Ungrd que involucran la compra de votos a cambio de beneficios económicos y posiciones burocráticas.
Contexto de la detención y revisión oficial
La captura de Manzur se enmarca en investigaciones por irregularidades en la Ungrd, con su patrimonio ahora bajo revisión judicial detallada. La disparidad entre las 47 propiedades registradas y las cuatro declaradas en 2025 ha levantado interrogantes sobre la procedencia de estos bienes, en medio de un caso que pone en evidencia las tensiones entre el ejercicio político y la gestión de recursos públicos en Colombia.
