El gobierno del presidente Gustavo Petro ha implementado mediante decreto de emergencia económica un impuesto al patrimonio dirigido a personas jurídicas con patrimonio líquido superior a 200.000 UVT, equivalente a más de 9.400 millones de pesos, con el primer cobro programado para el 1 de abril de 2026 y un segundo pago a comienzos de mayo, como medida para contrarrestar los efectos de la ola invernal en Colombia. Esta decisión, publicada de manera sorpresiva y no contemplada en las proyecciones financieras de las empresas, ha desatado fuertes críticas de figuras como el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, quien ocupó el cargo entre el 7 de agosto de 2022 y el 26 de abril de 2023, y Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).
El nuevo gravamen establece tarifas del 0,5% para la mayoría de las empresas y del 1,6% para los sectores financiero y extractivo, sumándose al ya elevado impuesto de renta corporativo del 35%, uno de los más altos del mundo. Ante esta carga adicional, expertos advierten sobre una doble tributación que podría desincentivar la inversión, en un contexto de incertidumbre fiscal donde las empresas ya habían anticipado pagos de impuestos del ejercicio actual debido a cambios normativos previos del año pasado. Algunas compañías podrían verse obligadas a vender activos para cumplir con las obligaciones, exacerbando el impacto en la actividad productiva.
Críticas por doble tributación y falta de recortes al gasto
José Antonio Ocampo ha sido uno de los voces más críticas, argumentando que el impuesto al patrimonio debería aplicarse solo a personas naturales y no a empresas jurídicas. En entrevista con Caracol Radio, el exministro señaló que, además del alto impuesto a la renta del 35%, este nuevo tributo genera una doble tributación inconveniente, aunque reconoció que podría servir como complemento para captar rentas de capital subestimadas. No obstante, enfatizó sus efectos negativos sobre los incentivos a invertir y cuestionó la ausencia de recortes al gasto público, como ha recomendado en sus artículos sobre la situación fiscal, preguntando dónde están los ajustes planeados por el gobierno en contratos a término fijo y otros rubros.
«El impuesto al patrimonio debe ser de las personas naturales, no a las empresas jurídicas».
José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda
«El impuesto a la renta de las empresas en Colombia es muy alto, es 35%, uno de los altos del mundo. Entonces, si encima de eso se le aplica un impuesto al patrimonio, hay una doble tributación que francamente no parece conveniente».
José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda
Por su parte, Bruce Mac Master, desde su cuenta en X (@BruceMacMaster), alertó que esta medida generará un inmenso perjuicio a la actividad empresarial, que ya soporta una de las mayores cargas tributarias globales. Las críticas se extienden también a la gestión de la emergencia invernal, cuyo costo estimado es inferior a la recaudación proyectada del impuesto, con recursos gastados fuera de la Ley de contratación, lo que agrava el descontento en el sector privado.
«Obviamente tiene efectos sobre los incentivos a invertir, porque encima del impuesto a la renta hay un impuesto adicional. Entonces, sí, puede tener efecto sobre la inversión».
José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda
En un panorama de creciente tensión fiscal, esta implementación vía emergencia económica resalta las divisiones entre el gobierno y el sector empresarial, donde la necesidad de financiar la ola invernal choca con demandas de mayor eficiencia en el gasto público y estabilidad tributaria para fomentar la inversión en Colombia.
