La Fiscalía General de la Nación suspendió este 27 de marzo de 2026 las órdenes de captura contra 23 cabecillas de grupos delincuenciales en Medellín y el Valle de Aburrá, mediante la Resolución 00072, a solicitud de la Oficina de la Consejería Comisionada de Paz del Gobierno nacional. Esta medida busca facilitar la continuidad de las negociaciones con organizaciones urbanas bajo la política de Paz Total impulsada por el presidente Gustavo Petro. Inmediatamente, el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, rechazó la decisión de manera pública y contundente, acusando al Gobierno de alinearse con los criminales.
La suspensión, que aplica de manera temporal a delitos no graves y no implica la liberación de quienes cumplen condenas o medidas de aseguramiento en cárceles, ha generado un fuerte debate en Antioquia. Algunos de los cabecillas afectados ya se encontraban en libertad, mientras que la medida se produce en un contexto electoral clave, con las elecciones presidenciales programadas para mayo, lo que ha avivado críticas sobre posible interferencia de estructuras criminales en el proceso democrático y la ausencia de un marco jurídico claro para estas negociaciones.
Rechazo frontal de las autoridades locales
Manuel Villa Mejía, en un pronunciamiento cargado de indignación, cuestionó la estrategia del Gobierno nacional, destacando el contraste con los esfuerzos locales por combatir el crimen en Medellín. Por su parte, el alcalde Federico Gutiérrez también condenó la resolución, calificándola como una alianza con los criminales y un insulto a las víctimas de la violencia en la ciudad.
«Ya nada sorprende. Mientras que nosotros en Medellín damos la batalla de frente contra los criminales, el gobierno nacional una vez más poniéndose del lado y al lado de los bandidos. No solo los saca a una tarima sino que ahora le pide a la fiscalía que les suspenda y no les saque órdenes de captura a los criminales que ha graduado de voceros de paz (sic)»
Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín
«La paz total es la entrega total a los criminales. Es impunidad total. En vez de someter a los bandidos a la legalidad, quieren es una ciudadanía sometida a los bandidos. La gente no quiere la paz entre los bandidos, la gente quiere es la paz ciudadana que se traduzca en verdadera seguridad»
Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín
Este episodio recuerda eventos previos, como el de junio de 2025, cuando cabecillas de La Oficina de Envigado y La Terraza participaron en un acto oficial del Gobierno en Medellín, saliendo temporalmente de la cárcel de Itagüí. La Fiscalía aclaró que la decisión no afecta a personas privadas de la libertad por condenas judiciales, ya que eso escapa a su competencia.
«La decisión (…) no implica ni contempla la concesión de la libertad de quienes se encuentren privados de ella en centros penitenciarios o carcelarios en cumplimiento de condenas, medidas de aseguramiento u otros requerimientos judiciales, aspecto que no es de competencia de la Fiscalía»
Fiscalía General de la Nación
Las críticas persisten, con señalamientos a la falta de garantías jurídicas en las mesas de diálogo y temores por el impacto en la seguridad ciudadana, en medio de un pulso entre la política nacional de paz y las prioridades locales de control al delito en una de las zonas más complejas de Colombia.
