Alcalde Galán denuncia incumplimiento nacional en reubicación de 176 familias Emberá en Bogotá

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, denunció públicamente al Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, por incumplir los compromisos adquiridos en la reubicación de familias indígenas emberá que permanecen en condiciones precarias en la capital. Galán afirmó que la Alcaldía ya cumplió con su parte al realizar siete giros de apoyo económico equivalente al ingreso mínimo garantizado a 176 hogares, facilitando el retorno de más de 500 personas a sus regiones de origen en Chocó y Risaralda, mientras que el Ejecutivo central ha dejado solos a los emberá en un proceso que se inició con la salida del Parque Nacional en 2024.

El conflicto se agudiza tras un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en mayo de 2025, que ordenó la reubicación en 90 días de las familias por hacinamiento y problemas de salubridad en el Parque Nacional y la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, ubicada en el barrio Eduardo Santos. Sin embargo, 18 meses después del acuerdo, la reubicación sigue pendiente, con 160 familias —equivalentes a 388 personas— aún en la UPI La Rioja, albergues como Eduardo Santos y La Florida, y más de 280 individuos que rechazaron salir de allí, junto a 100 personas que se negaron a abandonar el Parque Nacional en septiembre de 2025. La Alcaldía ha realizado siete visitas de verificación a las zonas de retorno y mantenido contacto con la Consejería de Paz, incluyendo un llamado directo al presidente Petro.

Denuncias de irregularidades y tragedias en los albergues

El proceso de retorno y reubicación, que debía completarse en dos meses, ha enfrentado resistencias de varios grupos a las ofertas de traslado, mientras persisten fallas estructurales, eléctricas y sanitarias en los albergues, además de graves denuncias de extorsión por parte de líderes comunitarios y el uso de menores para ingresar drogas y licor a las UPI, como ocurrió los días 31 de diciembre y 1 de enero. Estas situaciones han llevado a tragedias, con al menos 24 niños emberá fallecidos en Bogotá desde 2021 y 51 menores trasladados a Centros Amar. Un intento previo de mover a más de mil indígenas al IDEPAC en Salitre Occidental generó protestas de vecinos, y en diciembre una carta firmada por 43 de los 45 concejales fue enviada al director de la Unidad de Víctimas solicitando apoyo para el retorno.

“Presidente Petro cúmplale a la comunidad Emberá, Bogotá ya lo hizo y su gobierno los está dejando solos”

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá

“Bogotá le cumplió a la población emberá que salió del Parque Nacional en 2024”

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá

El concejal del Nuevo Liberalismo, Jesús David Araque, se sumó a las críticas destacando las condiciones inhumanas en las instalaciones y los abusos documentados.

“Es infame y vergonzoso que los niños y niñas indígenas Emberá sean utilizados por borrachos de esa comunidad para ingresar drogas y licor a las instalaciones de las Unidades de Protección Integral (UPI) como sucedió los días 31 de diciembre y 1 de enero”

Jesús David Araque, concejal del Nuevo Liberalismo

“No son condiciones para vivir allí. ¡No esperen a que ocurra una tragedia!”

Jesús David Araque, concejal del Nuevo Liberalismo

El Gobierno nacional tiene la responsabilidad de proveer vivienda digna, infraestructura adecuada, servicios de salud y educación a la comunidad emberá, según los compromisos asumidos, en un contexto de denuncias que se intensifican a comienzos de 2026 y que ponen en evidencia el abandono de estas familias en Bogotá.

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