El senador Alirio Barrera, representante del Centro Democrático y exgobernador de Casanare, enfrenta una investigación administrativa por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) debido a la acumulación de más de 412 hectáreas de predios de origen baldío en los municipios de Nunchía y Aguazul, en Casanare. Esta pesquisa, que se encuentra en fase de evaluación inicial y a cargo de la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras de la ANT, se origina en la supuesta superación de los límites establecidos por la Unidad Agrícola Familiar (UAF), con acumulación de tierras que habría iniciado desde los comienzos de la década de 2000 mediante procesos de englobe, subdivisión, permutas y adquisiciones de predios adjudicados originalmente por el Incora.
En Aguazul, donde Barrera también fue concejal entre 2004 y 2007, se concentran 351 hectáreas bajo su control que exceden en 6,7 veces el tope legal de 61 hectáreas para no sujetos de reforma agraria, lo que representa una violación a las normas que prohíben la concentración de tierras baldías destinadas a promover la equidad y la soberanía alimentaria entre campesinos sin tierra. De un total de 14 predios que posee Barrera en Colombia, ocho son de origen baldío y se ubican mayoritariamente en zonas protegidas contra la concentración rural, agravando las disputas históricas por tierra en Casanare, un departamento marcado por el conflicto armado.
Posibles implicaciones de la pesquisa
Los predios baldíos adjudicados por el Incora tenían como propósito fundamental evitar la acumulación de tierras y fomentar su distribución equitativa, pero las irregularidades detectadas en esta acumulación podrían derivar en un estudio preliminar más profundo, la nulidad de títulos y eventuales demandas judiciales. Sin embargo, la investigación podría archivarse si no se comprueban las infracciones, en un contexto donde Casanare sigue lidiando con tensiones territoriales heredadas del conflicto armado que han intensificado las controversias por la tenencia de la tierra.
Esta situación pone en el ojo público la trayectoria política de Barrera y resalta la importancia de las regulaciones sobre tierras baldías en Colombia, donde la ANT busca garantizar el cumplimiento de las normas para preservar el acceso justo a la propiedad rural.
