El gobierno del presidente Gustavo Petro impuso mediante decreto un impuesto al patrimonio sobre los bienes e infraestructura de las universidades privadas en Colombia, con el fin de atender la emergencia invernal, lo que ha generado un fuerte rechazo de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso y jefa de debate de Sergio Fajardo, así como de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), dirigida por Óscar Domínguez, al considerar que esta medida afectará directamente a estudiantes y docentes.
Según el decreto reciente, 75 universidades privadas deberán realizar el pago mañana por un valor aproximado de 135.000 millones de pesos, calculado sobre el valor de sus bienes y propiedades, en un contexto nacional que impactará especialmente en 2025 junto con el reciente aumento del salario mínimo. De las 98 universidades totales asociadas a Ascun, que incluyen 64 privadas y 35 públicas, 60 de las privadas resultan afectadas, como en el caso de la Universidad Externado de Colombia, que enfrentaría un pago entre 23.000 y 24.000 millones de pesos, equivalente al costo de unas 15.000 matrículas.
Rechazo del sector educativo por contradicción legal y efectos en la inversión
Ascun ha expresado su preocupación en espacios como Caracol Radio (6AM W) y solicitó revisar la inclusión de las universidades privadas en el decreto, argumentando que esta imposición contradice la Ley 30 de 1992, que prohíbe el lucro en estas instituciones. La medida desincentiva la inversión en infraestructura, como el pago de impuestos por edificios de laboratorios, limita becas y programas de bienestar estudiantil, genera estrechez de liquidez, precariza a los docentes y eleva las matrículas para los estudiantes.
“mañana 75 universidades privadas tendrán que pagar en impuesto al patrimonio aproximadamente 135.000 millones de pesos”
Jennifer Pedraza, representante a la Cámara
“Si no tienen lucro, ¿por qué pagar impuestos al patrimonio?”
Jennifer Pedraza, representante a la Cámara
Pedraza criticó duramente la decisión al afirmar que representa un error del Gobierno, ya que solo desincentiva la inversión en educación e infraestructura y debilita apuestas como becas y programas de bienestar en las universidades privadas. Por su parte, Domínguez recordó el esfuerzo enorme que hicieron las instituciones en diciembre pasado para compensar el aumento del salario mínimo, decretado por encima de lo programado, y señaló que ahora el Gobierno les exige entregar el equivalente a 15.000 matrículas, lo que afecta terriblemente al sistema educativo.
“El año 2025 nos sorprendió en diciembre con el aumento del salario mínimo y las universidades tuvieron que hacer un esfuerzo enorme para compensar ese diferencial que habíamos programado con un valor muy por debajo de lo que finalmente se decretó”
Óscar Domínguez, director ejecutivo de Ascun
“el Gobierno les está diciendo que les tiene que entregar el equivalente a unas 15.000 matrículas, algo que afecta terriblemente el sistema”
Óscar Domínguez, director ejecutivo de Ascun
Este decreto ha encendido el debate sobre la sostenibilidad financiera del sector educativo privado en Colombia, en medio de la emergencia invernal, y pone en jaque el equilibrio entre necesidades fiscales del Estado y el desarrollo de la educación superior sin fines de lucro.
