Integrantes del Frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC), bajo el mando de alias Iván Mordisco, ingresaron recientemente a escuelas rurales en el sector del Naya, una zona limítrofe entre Cauca y Valle del Cauca, específicamente en municipios como Jamundí, Buenaventura, Buenos Aires y Santander de Quilichao. En estas instituciones educativas, entregaron cuadernos y útiles escolares a los estudiantes, pero los materiales incluían propaganda alusiva al grupo armado, una acción captada en un video que circula ampliamente en redes sociales como Telegram, donde se observa la interacción directa con los menores en aulas y canchas deportivas.
Esta incursión genera profunda preocupación por la instrumentalización de la niñez y el riesgo de reclutamiento forzado, en un contexto donde la infiltración de grupos armados en escuelas ha aumentado en los últimos meses. William Espinoza, presidente de la Asociación de Personeros del Valle, denunció la gravedad de estos hechos, alertando sobre la indebida injerencia en la población estudiantil y la vulneración de derechos fundamentales.
Escalada de violencia en múltiples focos de conflicto
El incidente se enmarca en una escalada de tensiones territoriales en la región, donde operan no solo el EMC disidente de las Farc, sino también el ELN, la Segunda Marquetalia y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, conocidas como Clan del Golfo. Las autoridades han verificado la presencia de panfletos y amenazas en once municipios del Valle del Cauca, incluyendo Sevilla, Buga, Caicedonia, Tuluá, Andalucía, Pradera, San Pedro, Ginebra, Guacarí, Palmira y El Cerrito, mientras descartan la responsabilidad de la Segunda Marquetalia en algunos casos. Además, se identifican tres focos principales de conflicto: López de Micay y Naya, el Bajo Calima en la zona rural de Buenaventura, y el cañón de Garrapatas, donde se reportan secuestros, desapariciones y asesinatos, particularmente en Tuluá y Palmira. Estas acciones representan una clara vulneración al Derecho Internacional Humanitario y han puesto en alerta a comunidades, defensores de derechos humanos y entidades oficiales.
“Bajo la entrega de cuadernos se estaría generando una indebida injerencia sobre la población estudiantil. Estas acciones no son ayuda social, son una grave vulneración de derechos y podrían configurar instrumentalización de menores, lo cual es absolutamente inaceptable”
William Espinoza, presidente de la Asociación de Personeros del Valle
Frente a esta situación, las autoridades intensifican labores de verificación y protección, mientras las comunidades exigen medidas urgentes para salvaguardar la integridad de los estudiantes y frenar la expansión de la propaganda armada en entornos educativos, en medio de las disputas por el control territorial que azotan la región.
