El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ha puesto en consulta pública un proyecto de decreto que define las condiciones mínimas de protección para los residentes en proyectos de renovación urbana, especialmente en municipios y distritos con más de 500.000 habitantes como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, así como en aquellos desarrollos que superen la hectárea de área. Esta iniciativa condiciona cualquier proceso de expropiación a la garantía previa de viviendas de reemplazo, estableciendo derechos claros a información detallada, participación en el proceso, viviendas transitorias y de reemplazo sin desmejora de condiciones, además de cubrir gastos de traslado, con una preferencia de tres meses en la selección para los afectados.
La medida surge para llenar un vacío en la regulación vigente, que hasta ahora no contemplaba mecanismos concretos para salvaguardar el derecho a la vivienda de los residentes previos, convirtiéndose en la primera norma detallada sobre estas condiciones mínimas. Afecta particularmente a proyectos privados que involucren expropiaciones con la concurrencia de terceros, obligando a los contratos a incluir la identificación de moradores y la asignación de recursos específicos para su protección, desde el inicio de las actuaciones del proyecto.
Derechos diferenciados para propietarios y arrendatarios
Los residentes protegidos abarcan a propietarios, poseedores y moradores originales, arrendatarios y tenedores, así como a quienes acrediten propiedad, posesión o residencia al momento del arranque de las actuaciones, incluyendo incluso compras realizadas por promotores. Para los propietarios originales, se garantiza información exhaustiva sobre el proyecto, participación activa, vivienda de reemplazo sin desmejora, opciones transitorias y cobertura de traslados, con prioridad en la asignación. Los arrendatarios, por su parte, reciben información oportuna, acompañamiento para acceder a viviendas o subsidios, y preservación de sus condiciones económicas y habitacionales sin perjuicios.
“Si la estructuración del proyecto muestra que no es posible asegurar la entrega de las viviendas de remplazo requeridas (…) no habrá lugar al uso de las facultades para expropiar por parte de las entidades públicas competentes”
Proyecto de decreto, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Esta consulta pública representa un avance significativo en la protección de derechos habitacionales en zonas de alta densidad urbana, donde la renovación urbana ha generado tensiones por desalojos sin alternativas viables, y busca equilibrar el desarrollo inmobiliario con la dignidad de los habitantes preexistentes, según el documento oficial del Ministerio.
