La EPS Asmet Salud, bajo intervención administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud desde 2023, respondió a las denuncias presentadas por la senadora electa y representante a la Cámara Jennifer Pedraza sobre el impago de salarios a sus trabajadores durante más de dos meses. La entidad atribuyó estas demoras a embargos judiciales que han inmovilizado recursos administrativos, en un comunicado oficial emitido recientemente en Colombia.
Los trabajadores, representados por el sindicato Sindisalud-Asmet, enfrentan no solo dos meses sin salario, sino también seis meses de bonos de alimentación impagos, dos meses de vacaciones adeudadas y pagos pendientes de liquidaciones para aquellos que han renunciado. Estas irregularidades han generado denuncias públicas que, según fuentes cercanas, han impedido un paro de actividades por parte de los empleados.
Respuesta oficial de la interventora
Jessica Milena Aguirre Santana, interventora sustituta temporal designada el 31 de marzo de 2026 tras la suspensión del agente interventor Lain Eduardo López Martínez por la Procuraduría General de la Nación, detalló las restricciones financieras causadas por medidas cautelares de embargo en procesos judiciales. La EPS ha intensificado gestiones legales para levantar estos embargos y garantizar la continuidad operativa.
“Asmst alud EPS SAS. actualmente bajo medida de intervención administrativa, enfrenta restricciones fnancieras debido a medidas cautelares de embargo en procesos judiciales. Estas acciones han inmovilizado recursos destinados al gasto administrativo; por ello, estamos intensificando las gestiones legales para lograr su levantamiento y así, garantizar la continuidad operativa y recuperación de los recursos”
Asmet Salud EPS SAS, comunicado oficial
La interventora enfatizó un plan de acción riguroso comunicado a autoridades de control, aunque la complejidad de los casos ha ralentizado los avances. Además, se realiza un análisis financiero para normalizar pagos una vez liberados los recursos, con enfoque en fortalecer la red de servicios y reafirmar el compromiso con la transparencia, la defensa de los recursos de la salud y el respeto a los derechos de trabajadores y usuarios.
“hemos activado un plan de acción riguroso poniendo en conocimiento a las autoridades de control y entes competentes para proteger los recursos públicos y asegurar su correcta destinación, no obstante, la complejidad de los casos no ha permitido avanzar al ritmo esperado”
Jessica Milena Aguirre Santana, interventora sustituta temporal
“estamos realizando un análisis financiero para definir un plan de normalización de pagos que se ejecutará en cuanto se liberen los recursos”
Jessica Milena Aguirre Santana, interventora sustituta temporal
“Asmet Salud EPS SAS. en Intervención. reitera su compromiso y gestión basada en a transparencia, la defensa de los recursos de la salud y el respeto integral los derechos de sus trabajadores y usuarios”
Jessica Milena Aguirre Santana, interventora sustituta temporal
Contexto de la crisis y antecedentes
El sindicato Sindisalud-Asmet alertó sobre múltiples denuncias por mora en pagos de seguridad social, con consecuencias graves como la cancelación de citas médicas, incluso en casos de especial protección, afectando la alimentación de empleados, aportes previsionales y atención médica a usuarios. Esta situación se enmarca en procesos disciplinarios de la Procuraduría contra exagentes interventores como Luis Carlos Gómez Núñez, Rafael Joaquín Manjarrés González, Javier Ignacio Cormane Fandiño, Gloria Libia Polanía Aguillón y Raúl Andrés Munévar. La EPS reitera su compromiso con la sostenibilidad del servicio en las regiones.
“se han recibido múltiples denuncias relacionadas con la mora en el pago de la seguridad social, generando consecuencias profundamente preocupantes, como la cancelación de citas médicas, incluso en casos de especial protección”
Sindisalud-Asmet, sindicato
La entidad mantiene su gestión enfocada en la continuidad del servicio pese a las dificultades financieras, mientras se espera el levantamiento de las medidas judiciales para normalizar la situación laboral y operativa.
