La representante a la Cámara por el Partido Verde, Cathy Juvinao, arremetió con fuertes críticas contra el gobierno del presidente Gustavo Petro por la suspensión temporal de órdenes de captura contra 23 cabecillas de estructuras criminales en Antioquia, medida impulsada por la Fiscalía General de la Nación, liderada por la fiscal Luz Adriana Camargo, a través de la Resolución 0072 de 2026. Esta decisión forma parte del programa Paz Urbana y se enmarca en una fase de acercamiento condicionado con estas bandas, exigiendo desescalamiento de la violencia, cese de extorsiones y reclutamiento forzado, así como la entrega de rutas y bienes relacionados con el narcotráfico. Juvinao hizo públicas sus denuncias en redes sociales, donde compartió un listado de nombres de los beneficiados, entre ellos alias El Montañero, alias Alber, alias Mundo Malo, alias Clemente, alias El Abogado, alias Naranjo y alias Perica, líderes de grupos como La Oficina, Los Chatas y El Mesa, operando principalmente en Medellín y el Valle de Aburrá.
La suspensión permite que los cabecillas presos, como los recluidos en la cárcel de Itagüí, continúen cumpliendo sus penas mientras participan en mesas de diálogo de paz, en tanto que los que permanecen clandestinos podrán movilizarse para las negociaciones. Esta medida ha generado un amplio rechazo en Antioquia, donde autoridades y gremios alertan sobre los riesgos en el contexto electoral, especialmente tras eventos como el tarimazo del 20 de junio de 2025, y perciben un mensaje de impunidad que podría favorecer alianzas criminales durante las elecciones presidenciales. La Fiscalía ha aclarado que no se trata de una libertad masiva, sino de una herramienta para avanzar en los procesos de paz.
Acusaciones de connivencia y entrega del Estado
En medio de la polémica, Juvinao no solo cuestionó la suspensión de las órdenes de captura, sino que también denunció la posible designación en la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de una persona acusada de filtrar información sensible a alias Calarcá, lo que comparó con el histórico Pacto de la Picota. Estas revelaciones han intensificado las críticas de sectores antioqueños, que ven en estas acciones una peligrosa entrega del Estado a nuevas alianzas criminales.
“El gobierno de @petrogustavo no solo pide liberar a 23 de los peores cabecillas de este país en plenas elecciones presidenciales. Ahora nombrará ni más ni menos que en la UIAF al que le filtra información a Calarcá. Están entregándole el Estado a una nueva alianza criminal (sic)”
Cathy Juvinao, representante a la Cámara
“¿Si esto no es connivencia estatal con los peores criminales en elecciones, entonces qué es? (sic)”
Cathy Juvinao, representante a la Cámara
El debate se agudiza en un momento clave para la seguridad en Antioquia, donde el equilibrio entre la búsqueda de paz y la lucha contra el crimen organizado pone a prueba la estrategia del gobierno nacional, mientras la oposición advierte sobre las consecuencias de estas decisiones en el escenario preelectoral.
