El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha eliminado a Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, de su lista SDN de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), poniendo fin a las restricciones financieras y comerciales que pesaban sobre ella bajo la jurisdicción estadounidense. Esta decisión, confirmada recientemente, se logró gracias a las gestiones de la denominada «diplomacia de la fe», en la que participaron el excanciller colombiano Luis Gilberto Murillo y el pastor evangélico de Texas Ramiro Peña, cercano al expresidente Donald Trump.
Las reuniones clave se desarrollaron la semana pasada en Venezuela, con encuentros en Medellín, Colombia, que incluyeron a representantes de Camacol, Acopi y la Central Mayorista, así como diálogos políticos y empresariales con la oposición y el gobierno venezolano. Un acto público en el Poliedro de Caracas el 27 de marzo reunió a más de 18.000 personas, incluyendo 8.000 pastores, donde Delcy Rodríguez asistió y se realizó una oración por Venezuela con líderes religiosos internacionales. Días después, el 30 de marzo, Peña se reunió con Trump, y el anuncio oficial llegó dos días más tarde, enmarcado en los ajustes periódicos de la política de sanciones hacia Venezuela iniciados desde 2018.
El rol de la diplomacia de la fe en el restablecimiento de relaciones
Rodríguez había sido sancionada en la lista SDN de OFAC desde 2018, pero Murillo y Peña facilitaron un acercamiento previo entre el presidente Gustavo Petro y Trump, antes de una reunión en la Casa Blanca programada para el 3 de febrero de 2026, con la participación del embajador Daniel García-Peña Jaramillo. Gestos simbólicos como la entrega de una Biblia personalizada a Petro y espacios de oración subrayaron esta iniciativa religiosa, que ahora destaca por su influencia en el restablecimiento de las relaciones entre Venezuela, Estados Unidos y Colombia.
Con esta eliminación, Delcy Rodríguez queda libre de las restricciones financieras y comerciales impuestas por Estados Unidos, abriendo nuevas posibilidades para el diálogo bilateral y regional en un contexto de revisiones continuas a las sanciones.
