En el marco de la política de Paz Total impulsada por el presidente Gustavo Petro desde 2022, cuatro de cada diez personas beneficiadas con la suspensión de órdenes de captura por parte de grupos armados como el ELN y las disidencias de las FARC han reincidido en delitos, lo que ha facilitado el crecimiento exponencial de estas estructuras criminales y un repunte de la violencia en regiones clave de Colombia como Guaviare, Meta, Caquetá, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Chocó, Jamundí y Antioquia. De los 205 representantes iniciales que recibieron este beneficio para fomentar diálogos y desmantelamiento de grupos, con el argumento jurídico de resocialización, solo 121 mantienen los privilegios, mientras que 42 órdenes de captura han sido reactivadas debido a nuevas conductas delictivas.
Las cifras revelan un panorama preocupante: las disidencias de las FARC, lideradas por cabecillas como Iván Mordisco y Calarcá, han pasado de 3.275 a 9.634 integrantes, con 459 días sin intervención para el grupo de Mordisco y 762 para la estructura de Calarcá, acompañados de un aumento del 160% en el reclutamiento de menores. Este proceso ha implicado un gasto superior a los 100.000 millones de pesos, incluyendo 32.960 millones para el ELN y 34.601 millones para las disidencias, mientras que durante la implementación de Paz Total se han registrado 376 muertes de uniformados, con 173 solo en 2025. Cabecillas como Panda, Urías Perdomo y Ramiro estuvieron entre los beneficiados, algunos capturados incluso en vehículos de la Unidad Nacional de Protección, y órdenes de homicidio emitidas por Calarcá están ligadas a ataques graves como el derribo de un helicóptero en Antioquia que dejó 13 policías muertos y la muerte de siete militares en Guaviare.
Rechazo oficial y críticas al proceso de diálogos
El Ministerio de Defensa, encabezado por Pedro Sánchez, ha rechazado denuncias de las disidencias por supuestos incumplimientos gubernamentales, en un contexto donde la expansión territorial de estos grupos y el aumento de la violencia cuestionan la efectividad de la política. La fiscal Luz Adriana Camargo y la exministra de Justicia Ángela María Buitrago han sido parte de este escenario, al igual que el director de Indepaz Leonardo González y el exfiscal general Néstor Humberto Martínez, quienes han alzado la voz contra los resultados. Diálogos adicionales con la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo, los Comuneros del Sur y bandas urbanas completan el panorama de una estrategia que, según críticos, otorgó beneficios sin reciprocidad alguna para la sociedad.
“ellos actúan como dictaduras locales y controlan las economías ilícitas”
Leonardo González, director de Indepaz
“se les otorgaron unos beneficios sin que ellos hubiesen convenido ninguna reciprocidad para la sociedad”
Néstor Humberto Martínez, exfiscal general
El impacto de la Paz Total y los beneficios judiciales pone en jaque los objetivos iniciales de reducción de violencia, con un saldo que evidencia no solo reincidencias sino un fortalecimiento de las estructuras armadas ilegales, dejando un llamado urgente a replantear las estrategias de paz en Colombia hacia 2026.
