El nuevo modelo de pasaportes en Colombia se encuentra envuelto en una profunda incertidumbre debido a cuatro contratos irregulares firmados entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, conocido como Cancillería, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal, con un valor total que alcanza hasta los 1,49 billones de pesos bajo el escrutinio de la Procuraduría General de la Nación. Estos acuerdos, que incluyen uno con la Imprenta Nacional por más de 185.370 millones de pesos, un marco interadministrativo con ejecución hasta 2036 y un contrato específico de personalización y distribución hasta 2034, enfrentan una demanda de nulidad absoluta y suspensión de pagos presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde la Cancillería ha intervenido en el proceso judicial.
La Procuraduría ha expresado inquietudes desde febrero de 2026 sobre estas contrataciones, realizadas antes de la vigencia de la Ley de Garantías, y la demanda fue admitida en octubre de 2025, con recursos resueltos hasta marzo de 2026. El arranque oficial del nuevo modelo estaba previsto para el 1 de abril, tras el registro del contrato en el Secop el 29 de enero, pero la vía judicial involucra una carta rogatoria a través del Convenio de La Haya de 1965 y notificación al Ministerio de Justicia portugués. Las sospechas giran en torno a irregularidades legales, una deficiente estructuración económica y un impacto negativo en el patrimonio público, lo que ha paralizado pagos y la adopción del modelo, según advierte la Contraloría sobre retrasos en la importación de equipos e incrementos de costos.
Intervención judicial y sanciones en curso
El exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, enfrenta una inhabilidad de 10 años para cargos públicos como sanción derivada de estas irregularidades, mientras que la responsabilidad actual de la expedición de pasaportes recae en Thomas Greg & Sons, cuyos acuerdos previos fueron prorrogados por urgencia manifiesta hasta abril de 2026. Investigaciones disciplinarias y penales están en marcha sin resultados concluyentes, y el convenio con Portugal permanece sin fecha de inicio definida, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. En este contexto, se registran salidas clave como la de Martha Lucía Zamora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y Alfredo Saade de la Jefatura de Despacho Presidencial.
“Abordará la suscripción de este nuevo negocio jurídico desde cada una de las acciones preventivas que se han entablado con respecto al suministro de pasaportes, al igual que desde cada una de las investigaciones disciplinarias en curso”
Procuraduría General de la Nación
“Se justifica la presente medida cautelar en la gravosidad que genera para el patrimonio público y la prestación del servicio la ejecución y cumplimiento de obligaciones consignadas en el convenio”
Procuraduría General de la Nación, en la demanda
El magistrado José Élver Muñoz ha enfatizado que se trata de “un juicio de legalidad que debe hacer el juez de lo contencioso administrativo”, subrayando la dimensión judicial del caso. Esta disputa no solo pone en jaque la modernización de los pasaportes colombianos, sino que resalta vulnerabilidades en la contratación pública, dejando a los ciudadanos en la expectativa de resoluciones que garanticen transparencia y eficiencia en un servicio esencial.
