La Defensoría del Pueblo alertó sobre el desplazamiento forzado de más de 200 familias en el municipio de Cumbitara, en el departamento de Nariño, causado por intensos combates iniciados desde el 23 de marzo entre el Frente Franco Benavides de las disidencias de las Emc de “Iván Mordisco”, el grupo Comuneros del Sur del ELN y el grupo armado AUN. Estas familias procedentes de las veredas Santa Elena, El Desplayado, La Florida, San José del Bijao, Boca de Mares y San Agustín han tenido que abandonar sus hogares ante la disputa territorial entre estos actores armados ilegales, refugiándose en la cabecera del corregimiento de Sidón y en el casco urbano de Cumbitara, donde se albergan en una residencia estudiantil y viviendas particulares.
La cifra de desplazados podría aumentar si los enfrentamientos persisten, lo que agrava una crisis humanitaria en la zona rural. Este escenario representa la materialización del riesgo inminente advertido en la Alerta Temprana 008 de 2024 de la Defensoría del Pueblo, que señalaba la disputa territorial como amenaza para las comunidades locales.
Crisis humanitaria y violación al Derecho Internacional Humanitario
La Defensoría del Pueblo enfatizó que el desplazamiento forzado está prohibido y constituye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, específicamente al artículo 17 del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra, generando vulneraciones complejas y múltiples a los derechos fundamentales de las víctimas. En medio de esta situación, la entidad hizo un llamado urgente a los grupos armados para que cesen los combates y a las entidades nacionales como los ministerios del Interior, Educación, Defensa y Salud, la Unidad para las Víctimas y el ICBF, para que activen de inmediato medidas de atención integral a los afectados.
“Más de 200 familias han sido desplazadas en Cumbitara, Nariño, por combates prolongados entre grupos armados ilegales, lo que pone en grave riesgo a la población civil”
Defensoría del Pueblo
“Desde el 23 de marzo, comunidades de varias veredas han tenido que abandonar sus hogares y se han refugiado en el corregimiento de Sidón y en el casco urbano de Cumbitara, en medio de una crisis humanitaria que podría agravarse”
Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo mantendrá un monitoreo permanente y acompañamiento cercano a las comunidades afectadas, con el fin de garantizar su protección y asistencia en esta delicada coyuntura que pone en jaque la estabilidad de la región.
“El desplazamiento forzado está prohibido y constituye una grave infracción al derecho internacional humanitario (DIH) que causa vulneraciones complejas y múltiples a los derechos fundamentales de las víctimas”
Defensoría del Pueblo
