El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) documentó 35 masacres en Colombia durante los primeros tres meses de 2026, entre enero y marzo, dejando un saldo de 133 personas asesinadas en 34 municipios distribuidos en 17 departamentos del país. Estos homicidios colectivos, que se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación, marcan el primer trimestre más violento de la última década, superando incluso el registro anterior de 31 masacres en el mismo período de 2022.
Entre las víctimas fatales se cuentan 74 hombres, 16 mujeres y 40 no identificados, incluyendo a 17 menores de edad, lo que resalta la crudeza de estos ataques. Este período se convierte en el más crítico desde la firma del acuerdo de paz con las Farc en 2016, con un total acumulado de 217 masacres en los primeros trimestres de la última década: 13 en 2016, 14 en 2017, 9 en 2018, 13 en 2019, 17 en 2020, 24 en 2021, 31 en 2022, 27 en 2023, 18 en 2024 y 16 en 2025.
Cifras récord en la posguerra
Indepaz subraya que estas 35 masacres representan un récord en la primera década posterior al acuerdo de paz, aunque las cifras podrían variar ligeramente debido a diferencias en los criterios de medición con organismos como la ONU u otros entes. La escalada de violencia colectiva evidencia un deterioro en la seguridad en regiones históricamente conflictivas.
Casos emblemáticos del trimestre
Entre los episodios más recientes destaca la masacre ocurrida el 26 de marzo en Cajibío, Cauca, donde tres personas fueron incineradas dentro de un vehículo. Dos días antes, el 24 de marzo, en el barrio Bosa de Bogotá, tres mujeres de 42, 20 y 17 años perdieron la vida. Otros hechos sangrientos incluyeron ataques el 21 de marzo en Soledad, Atlántico; el 18 de marzo en Bucaramanga, Santander, y Pitalito, Huila; así como en enero y febrero en Riohacha, La Guajira, y Tarso, Antioquia, entre varios más que suman el trágico balance.
Este informe de Indepaz pone en evidencia la persistente fragilidad de la paz en Colombia, urgiendo a autoridades nacionales y locales a intensificar esfuerzos para desmantelar las estructuras criminales responsables de estas matanzas sistemáticas.
