El Concejo de Medellín, liderado por su presidente Alejandro de Bedout, presentó este lunes 6 de abril una demanda de nulidad contra la resolución 00072 emitida por la fiscal general Luz Adriana Camargo, que suspendió temporalmente las órdenes de captura contra 23 cabecillas de las mesas de paz urbana en Itagüí. La acción judicial, que también solicita una medida cautelar urgente para frenar de inmediato los efectos de esa decisión, busca proteger la seguridad en Medellín y el Valle de Aburrá, con impactos que se extienden a Rionegro y Bogotá. Esta iniciativa se suma a las demandas similares impulsadas por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y las alcaldías de la región ante el Consejo de Estado.
La resolución, firmada el 27 de marzo de 2026, beneficia a estos 23 cabecillas con una suspensión inicial de seis meses prorrogables, de los cuales siete ya se encontraban en libertad antes de la medida y 16 permanecían recluidos, principalmente en la cárcel de Itagüí. Nueve de estos líderes habían acompañado al presidente Gustavo Petro en un evento en La Alpujarra en 2025. Aunque la Fiscalía y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz han aclarado que no implica una liberación automática, el Concejo argumenta que podría derivar en beneficios adicionales ante jueces de ejecución de penas o en un blindaje frente a delitos futuros, generando preocupación por posibles efectos inmediatos en la seguridad ciudadana e impunidad.
Preocupaciones por la seguridad y falta de consulta
El Concejo de Medellín sostiene que la suspensión carece de fragilidad jurídica al no contar con una legislación específica que la respalde y critica la ausencia de consulta a las autoridades territoriales. Mientras tanto, el Gobierno Nacional defiende la medida destacando la reducción en los índices de homicidios y desplazamientos intraurbanos en Itagüí, como parte de los esfuerzos por el diálogo de paz urbana.
«Solicitamos una medida cautelar urgente para que esta resolución quede sin efectos de manera inmediata, mientras se estudia su nulidad».
Alejandro de Bedout, presidente del Concejo de Medellín
«La resolución podría tener efectos inmediatos en la seguridad de la ciudad».
Alejandro de Bedout, presidente del Concejo de Medellín
Esta demanda representa un nuevo capítulo en el tensionado debate sobre las mesas de paz urbana, donde las autoridades locales buscan equilibrar los avances en la reducción de violencia con la necesidad de mantener el Estado de derecho, en un contexto donde la acción judicial provisional suspendería los efectos de la resolución hasta que se resuelva su legalidad definitiva.
