La senadora María Fernanda Cabal y la directora de la Imprenta Nacional, Viviana León Herrera, protagonizaron una intensa disputa pública en la red social X por la participación de la Casa de la Moneda de Portugal en el nuevo modelo de pasaportes colombianos que entrará en vigencia desde el 1 de abril de 2026. El intercambio se originó en cuestionamientos sobre la legalidad y soberanía del convenio interadministrativo suscrito entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional con esta entidad portuguesa, mientras la Procuraduría General de la Nación solicitó de manera urgente la suspensión del acuerdo a través de una acción popular impulsada por el ciudadano Nicolás Dupont Bernal.
La controversia surgió ante las dudas sobre la naturaleza pública o privada de la Casa de la Moneda de Portugal, que opera como una sociedad de capital cien por ciento público, integrada al sector empresarial del Estado portugués según los decretos leyes 235/2015 y 133/2013, y que se presenta como homóloga de la Imprenta Nacional colombiana bajo un modelo similar al de las empresas industriales y comerciales del Estado en el país. La Procuraduría, a través del procurador delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Marcio Melgosa, respaldó íntegramente las pretensiones del accionante y aportó elementos de una investigación preventiva que acreditan la vulneración de derechos colectivos, identificando a los responsables y su vínculo jurídico.
Intercambio de acusaciones en redes sociales
En el centro del debate, la senadora Cabal denunció que la Casa de la Moneda de Portugal es una entidad privada y que el gobierno del presidente Gustavo Petro pretendió hacer un uso indebido del convenio interadministrativo, celebrando la intervención de la Procuraduría. Por su parte, la directora León Herrera refutó categóricamente estas afirmaciones, defendiendo el carácter público de la institución portuguesa.
«La Casa de la Moneda de Portugal es una entidad privada, no pública como pretendieron hacerle creer al país. Aquí el gobierno Petro pretendió hacer uso indebido del convenio Interadministrativo. Muy buen trabajo de la Procuraduría»
María Fernanda Cabal, senadora
«¡Falso de toda falsedad, Senadora @MariaFdaCabal! La Casa da Moeda de Portugal no es privada: es una sociedad de capital 100% público, integrado al sector empresarial del Estado portugués (DL 235/2015 y DL 133/2013)»
Viviana León Herrera, directora de la Imprenta Nacional
La discusión escaló con más precisiones técnicas por parte de León Herrera, quien aclaró que se trata de una persona jurídica de derecho público que opera bajo reglas de derecho privado sin desnaturalizar su esencia estatal, equiparándola directamente con la Imprenta Nacional colombiana.
«Senadora @MariaFdaCabal, la premisa es incorrecta. La Imprensa Nacional Casa da Moeda es una persona jurídica de derecho público. Que opere bajo reglas de derecho privado no la desnaturaliza; es el mismo modelo de las empresas industriales y comerciales del Estado en Colombia. Su carácter público, su función y su estructura son equivalentes a la Imprenta Nacional de Colombia. Es, en términos técnicos, su homóloga»
Viviana León Herrera, directora de la Imprenta Nacional
«Señora @LeonViviana La Casa de la Moneda de Portugal ¿es una persona jurídica extranjera de derecho público? ¿La Casa de la Moneda de Portugal se rige por derecho privado para sus negocios? ¿No es verdad que Casa de la Moneda de Portugal no puede ser catalogada como una entidad pública extranjera, pues en su país de origen opera como una empresa privada? ¿Dónde quedó la soberanía de Colombia?»
María Fernanda Cabal, senadora
Intervención de la Procuraduría y contexto del convenio
El procurador Melgosa enfatizó en su concepto la existencia de conductas que amenazan derechos colectivos relacionados con la implementación del nuevo modelo de pasaportes, que ha estado rodeado de denuncias por pagos millonarios y contratos irregulares. La entidad solicitó la suspensión provisional del convenio debido a los envíos de maquinaria ya en curso, proponiendo un nuevo esquema contractual basado en planeación adecuada, transparencia y selección objetiva, además de pedir la acumulación o coordinación con otras acciones judiciales contra el mismo acuerdo. Esta cooperación incluye la transferencia de conocimiento entre entidades públicas especializadas, pero genera preocupaciones sobre la soberanía nacional en la producción de documentos de viaje.
«respaldamos íntegramente las pretensiones formuladas por el accionante Nicolás Dupont Bernal en su reforma de demanda, y aportamos elementos adicionales derivados de la investigación preventiva adelantada, que refuerzan la acreditación de los tres requisitos jurisprudenciales de procedencia de la acción popular: la existencia de conductas que vulneran o amenazan derechos colectivos, la identificación de los responsables y el vínculo jurídico de responsabilidad»
Marcio Melgosa, procurador delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública
La disputa pone en el ojo público no solo la validez técnica del convenio, sino también implicaciones más amplias sobre la gestión de contratos estatales en Colombia, en un momento clave para la renovación de los pasaportes con miras a 2026.
