Un comité de la ONU advierte sobre la gravedad sistemática de las desapariciones forzadas en México y pide acciones urgentes a nivel internacional para enfrentar una crisis que sigue creciendo.
El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada ha encendido las alarmas al señalar que las desapariciones en México podrían constituir crímenes de lesa humanidad. En un pronunciamiento reciente, el organismo decidió solicitar al Secretario General de las Naciones Unidas que eleve la situación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de impulsar medidas internacionales que ayuden a contener esta crisis.
El Comité concluyó que existen “indicios fundados” de que en el país se han cometido y continúan cometiéndose desapariciones forzadas de forma generalizada o sistemática contra la población civil. Este patrón, según el organismo, cumple con los criterios establecidos por el derecho internacional para considerar estos hechos como posibles crímenes de lesa humanidad.
Aunque no se identificó una política federal dirigida explícitamente a ejecutar desapariciones, el informe reconoce la postura del Estado mexicano, que atribuye muchos de estos casos a la acción de grupos delictivos. Sin embargo, el Comité también documentó denuncias con evidencia creíble sobre la posible participación directa o indirecta de funcionarios públicos.
El presidente del Comité, Juan Albán-Alencastro, enfatizó que no es necesario que estos crímenes sean orquestados desde las más altas esferas del gobierno para ser considerados de lesa humanidad. Lo determinante es la magnitud de los ataques, su carácter sistemático y su impacto sobre la población civil.
La dimensión de la crisis resulta alarmante. Se estima que en México se han localizado más de 4.500 fosas clandestinas, con al menos 6.200 cuerpos y 4.600 restos humanos adicionales. A ello se suman cerca de 72.000 restos humanos que permanecen sin identificar, lo que refleja una profunda crisis forense y humanitaria.
Pese a diversas medidas adoptadas en años recientes, los datos disponibles indican que no ha habido una mejora sustancial. Las autoridades continúan rebasadas por la magnitud del problema, lo que evidencia limitaciones estructurales en las capacidades de investigación, búsqueda y justicia.
Ante este panorama, el Comité subraya la necesidad urgente de implementar reformas profundas que permitan prevenir nuevas desapariciones, fortalecer las instituciones y garantizar la rendición de cuentas. La impunidad sigue siendo uno de los principales obstáculos para enfrentar esta problemática.
Finalmente, el organismo solicitó a la Asamblea General que considere brindar cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada a México. Asimismo, propuso la creación de mecanismos eficaces para esclarecer la verdad y proteger a las familias, organizaciones y defensores que, en muchos casos, lideran la búsqueda de personas desaparecidas.
