La Corte Suprema de Justicia, a través de la magistrada Cristina Lombana, realizó una inspección en la Comisión de Acusación del Congreso de la República para verificar posibles irregularidades en el manejo del expediente relacionado con el proceso contra la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, por presunta violación de los topes de financiación electoral. Esta acción se dio en medio de sospechas de obstrucción en el acceso al documento, involucrando a representantes como Jairo Corzo y Alirio Uribe, y surge en el contexto de un escrutinio intensificado sobre el actuar de los congresistas.
El primer intento de inspección ocurrió el viernes 17 de abril de 2026, pero fracasó debido al cierre de la Comisión por un festivo decretado por el Gobierno nacional, el cual aplica solo al Ejecutivo y no al Legislativo, generando dudas sobre su legalidad. Posteriormente, el martes 21 de abril de 2026, se llevó a cabo una segunda visita ordenada por la magistrada Lombana, tras versiones contradictorias: Corzo afirmó que el expediente estaba con Uribe, quien a su vez lo negó y señaló que se encontraba con Corzo. Estas maniobras dilatorias motivaron la intervención judicial para constatar el cumplimiento de procedimientos.
Contexto del proceso y alcances de la inspección
El expediente en cuestión forma parte de la investigación sobre supuestas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, un caso que ha cobrado relevancia en el ámbito legislativo. La Corte Suprema busca esclarecer el actuar de los congresistas en la Comisión de Acusación, sin entrar a evaluar la responsabilidad penal del presidente, sino enfocándose en el acceso y manejo adecuado del documento. Cabe destacar que tanto la magistrada Gloria Arizabaleta como el representante Jairo Corzo han sido postulados para cargos en la Corte Suprema, lo que añade un matiz adicional al escenario.
Esta inspección subraya las tensiones entre los poderes públicos y refuerza la necesidad de transparencia en procesos sensibles como los relacionados con la financiación electoral, en un momento en que el Congreso enfrenta cuestionamientos por posibles obstrucciones en investigaciones de alto perfil.
