El Consejo de Estado de Colombia, a través de su Sección Segunda, admitió este 9 de abril de 2026 la demanda de nulidad presentada por el abogado Sady Andrés Orjuela Bernal contra el Decreto 0030 del 19 de enero de 2026, emitido por la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Esta norma elimina la prima especial de servicios para congresistas, magistrados, jueces, fiscales y otros servidores públicos, con efectos a partir del 20 de julio de 2026. Debido al impedimento de los magistrados titulares, el expediente fue asignado a conjueces, con Héctor Santaella Quintero como ponente, quienes ahora evaluarán el fondo del proceso y la solicitud de suspensión provisional de la medida.
La demanda argumenta que el decreto representa una medida regresiva en derechos sociales y laborales al reducir el nivel de protección alcanzado sin justificaciones adecuadas, derogando una norma del Decreto 2170 de 2013 que establecía esta prima especial, equivalente a cerca de 16 millones de pesos mensuales. Orjuela Bernal sostiene que la decisión gubernamental carece de un estudio técnico que respalde la necesidad de eliminarla y desconoce derechos adquiridos por los afectados, impactando la confianza legítima de congresistas, la Rama Judicial, organismos de control y demás empleados públicos. La admisión se dio tras la subsanación de requisitos por parte del demandante, y el auto ordena el traslado de argumentos en 30 días.
Reacciones y oposiciones al decreto
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República presentó un recurso de reposición contra el auto admisorio, mientras que el Ministerio de Hacienda se opuso a la suspensión provisional alegando razones de sostenibilidad fiscal. Los conjueces tendrán en sus manos la decisión sobre esta suspensión, pendiente de resolución, en un contexto donde la eliminación de la prima podría alterar significativamente los ingresos de altos funcionarios públicos.
“ADMITIR la demanda de nulidad formulada por el señor Sady Andrés Orjuela Bernal contra La Nación – Presidencia de la República – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)”
Auto del Consejo de Estado, 9 de abril de 2026
“El Decreto 0030 de 2026 constituye una medida regresiva en materia de derechos sociales y laborales, dado que reduce el nivel de protección alcanzado, sin que se hayan presentado razones justificadas”
Sady Andrés Orjuela Bernal, demandante
“La medida adoptada por el Gobierno Nacional carece de un estudio técnico que justifique la necesidad de la derogatoria del Decreto 2170 de 2013”
Sady Andrés Orjuela Bernal, demandante
“La derogatoria del Decreto 2170 de 2013 desconoce los derechos adquiridos por los congresistas, magistrados y demás empleados públicos, afectando la confianza legítima”
Sady Andrés Orjuela Bernal, demandante
Este proceso judicial podría redefinir el panorama salarial de la función pública en Colombia, con implicaciones que trascienden el Congreso y alcanzan a la administración de justicia y control, mientras los conjueces avanzan en el análisis detallado de las solicitudes pendientes.
