La Administración Distrital de Bogotá, liderada por Carlos Fernando Galán, expidió el Decreto 117 de 2026, que modifica el Decreto 642 de 2025 e impone estrictas restricciones al comercio informal en el espacio público, particularmente en andenes y zonas de alto tráfico. Esta medida amenaza el sustento de hasta 95.000 vendedores informales, según estimaciones de la concejala Quena Ribadeneira, mientras que el distrito calcula que afecta directamente a 17.000 personas y familias. En respuesta, las concejalas Quena Ribadeneira y Heidy Sánchez Barreto han alzado la voz contra la norma, con la segunda presentando una demanda de nulidad por considerar que vulnera derechos fundamentales y promueve la exclusión social.
El decreto establece prohibiciones claras, como la comercialización de cilindros de gas, normas rigurosas de salubridad para alimentos, y veta actividades como tatuajes, piercings y peluquería en estas áreas. Además, exige un radio libre de 1,5 metros alrededor de hidrantes, prohíbe la ocupación en puentes peatonales y accesos a transporte público, y extiende las restricciones a la venta de pólvora, armas blancas y sustancias químicas peligrosas. La justificación oficial radica en ordenar el uso del espacio público, proteger rutas de emergencia e integrar directrices constitucionales que demandan alternativas de subsistencia antes de cualquier desalojo, aunque críticos cuestionan la creación de Zonas de Manejo Especial por falta de concertación previa.
Reacciones de las concejalas y movilizaciones
Quena Ribadeneira ha denunciado que el decreto carece de garantías reales, alternativas claras y un proceso efectivo de diálogo, imponiendo un plazo de seis meses para reorganizar el espacio público sin acuerdos previos. Por su parte, Heidy Sánchez Barreto enfatiza que los vendedores informales no son delincuentes, sino actores fundamentales de la economía popular que merecen respuestas institucionales que reconozcan su dignidad y trabajo. Estas críticas se suman a movilizaciones de los afectados, quienes exigen formalización, reubicación y garantías de ingresos en medio de la controversia por la ausencia de rutas claras de transición.
«El Decreto 117 de 2026 está poniendo en riesgo el sustento de más de 95.000 vendedores y vendedoras informales, al imponer restricciones sin garantías reales, sin alternativas claras y sin un proceso efectivo de concertación.»
Quena Ribadeneira, concejala
«No es aceptable pretender reorganizar el espacio público en un plazo de seis meses sin acuerdos previos ni rutas claras para quienes hoy viven de esta actividad.»
Quena Ribadeneira, concejala
«Los vendedores informales no son delincuentes, son actores fundamentales de la economía popular y merecen respuestas institucionales que reconozcan su dignidad y su trabajo.»
Heidy Sánchez Barreto, concejala
La demanda de nulidad interpuesta por Heidy Sánchez Barreto pone en el centro del debate la necesidad de equilibrar el orden urbano con la protección de derechos laborales, en un contexto donde el comercio informal sigue siendo vital para miles de bogotanos. Mientras el distrito defiende la medida como un paso hacia la seguridad y la movilidad, las voces opositoras insisten en que sin concertación real, el decreto podría agravar la precariedad económica en la capital.
