El Consejo Gremial Nacional, liderado por su presidenta Natalia Gutiérrez, alertó sobre los graves riesgos que representa el impuesto al patrimonio para la liquidez de las empresas colombianas y el empleo en el país, en medio de una creciente incertidumbre jurídica respecto a su validez, justo cuando se aproxima el vencimiento de la segunda cuota el 4 de mayo de 2026. A través de declaraciones públicas y un hilo en la red social X, Gutiérrez cuestionó la legalidad, el procedimiento y el impacto económico de este tributo, establecido mediante el Decreto 173 expedido el 24 de febrero de 2026 durante una declaratoria de emergencia económica, con causación a partir del 1 de marzo y primer recaudo el 1 de abril del mismo año.
Este impuesto aplica a empresas con patrimonios superiores a los 10.000 millones de pesos, con una tasa general del 0,5 por ciento y del 1,6 por ciento para los sectores financiero y extractivo, proyectando un recaudo de 8,3 billones de pesos. Sin embargo, la Corte Constitucional aún estudia la exequibilidad del decreto, mientras el gobierno invoca argumentos similares a los ya evaluados en la Sentencia C-075 de 2026, sin haber agotado mecanismos ordinarios como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Defensa Civil o el Fondo de Adaptación, según críticas de la Contraloría por falta de sustento técnico detallado.
Incertidumbre jurídica y daño irreversible
Natalia Gutiérrez enfatizó que cada día sin un pronunciamiento claro de la Corte consolida un daño patrimonial irreversible para miles de empresas y puestos de trabajo, al considerar que el patrimonio de las personas jurídicas representa capital de inversión productiva que impulsa el crecimiento y el empleo, no riqueza personal. Además, denunció que el decreto desnaturaliza el impuesto al patrimonio, implica una doble tributación al gravar nuevamente las utilidades ya afectadas por el impuesto sobre la renta, y resulta confiscatorio por sus plazos cortos desde la expedición hasta la causación, afectando a contribuyentes sin liquidez real.
“Cada día que pasa sin un pronunciamiento que dé claridad sobre su legalidad se está consolidando un daño patrimonial irreversible para miles de empresas y puestos de trabajo en Colombia”
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional
La dirigencial gremial también cuestionó la diferenciación de tarifas sin justificación detallada y los argumentos gubernamentales sobre la no aprobación de leyes de financiamiento, la regla fiscal y pasivos de la pandemia, los cuales carecen de respaldo técnico suficiente. Estos elementos podrían reducir la liquidez empresarial, impactar la libertad económica, la iniciativa privada, la competencia y, en última instancia, el empleo en Colombia.
“El Gobierno Nacional tenía la obligación constitucional de agotar los recursos e instrumentos ordinarios disponibles (…) y no lo hizo”
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional
“El Decreto 173 también implica una doble tributación, pues el impuesto sobre la renta ya grava las utilidades de las personas jurídicas, y el impuesto al patrimonio grava nuevamente esa misma riqueza en su estado de capitalización”
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional
En un llamado respetuoso, el Consejo Gremial insistió en la urgencia de una decisión oportuna de la Corte Constitucional sobre el Decreto 173, que pone en riesgo la estabilidad de miles de empresas y empleos en el país, especialmente con la segunda cuota a punto de vencer sin claridad jurídica.
“Insistimos respetuosamente en la urgencia de una decisión oportuna respecto a este Decreto, que pone en riesgo la estabilidad de miles de empresas y empleos”
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional
