En Barranquilla, la jueza sexta de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Carmen Luisa Terán Suárez, autorizó el 21 de abril la libertad de Carlos Mattos, el empresario condenado por soborno en el caso Hyundai, quien previamente había recibido casa por cárcel en 2023 debido a su delicado estado de salud. Esta decisión se suma a resoluciones previas de la misma jueza, como la excarcelación de Jorge Luis Alfonso López, conocido como “Gatico”, en diciembre de 2025, y la suspensión de pena para Enilce López, alias “La Gata”, en marzo de 2023, ambos por graves enfermedades y tiempo de pena cumplido con redenciones por trabajo y estudio en el caso del primero.
Carlos Mattos, quien cumplió su condena mediante estas medidas judiciales, representa el tercer caso controvertido manejado por la jueza Terán Suárez, quien argumentó en su resolución la ejecución de la pena considerando factores como enfermedades graves. “Gatico” había sido sentenciado a 29 años de prisión por homicidio agravado y concierto para delinquir, relacionado con el asesinato de Rafael Enrique Prins Velásquez, y obtuvo libertad condicional pese a que los herederos de la víctima no han sido identificados. Por su parte, “La Gata” enfrentaba condena por concierto para delinquir agravado con paramilitares, con un proceso pendiente por homicidio, y tras la suspensión de su pena se retiró el custodio asignado, falleciendo meses después.
Investigaciones en curso y controversia disciplinaria
La libertad concedida a Mattos genera controversia al conocerse apenas un día después de hacerse pública, en un contexto donde la jueza Terán Suárez enfrenta dos investigaciones disciplinarias: una en juicio y otra preliminar, aunque continúa en funciones sin medida cautelar de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que obligue a su separación automática. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial abrió un expediente por el caso de “Gatico” que se extenderá hasta enero de 2026, destacando la ausencia de mecanismos para apartar jueces de manera inmediata.
Entre enero de 2021 y diciembre de 2024, se registraron 5.859 sanciones disciplinarias en el sistema judicial, de las cuales el 3,5% correspondieron a jueces, con 111 suspendidos, lo que ilustra el escrutinio constante sobre la magistratura en Colombia. Estas decisiones de Terán Suárez resaltan tensiones en la ejecución de penas para figuras de alto perfil vinculadas a delitos graves, donde argumentos como el tiempo cumplido, redenciones y salud priman sobre otras consideraciones, avivando debates sobre equidad y control judicial.
