La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, bajo la dirección del superintendente Larry Álvarez, suspendió de manera inmediata las licencias de las empresas Águila de Oro, Laucris Security y Helam en Bogotá, debido a la desaparición de 393 armas de fuego que estaban bajo su custodia. Esta medida se tomó tras una inspección oficial que reveló un acuerdo irregular para compartir al coordinador de activos, Elkin David Polanco Pérez, quien era responsable de la custodia, verificación y mantenimiento de las armas, y cuya ausencia se reportó desde finales de diciembre. La distribución de las armas perdidas incluye 275 de Águila de Oro, 104 de Helam y 14 de Laucris Security, lo que representa un grave riesgo para la seguridad pública por posible desvío hacia redes ilegales.
El coordinador Elkin David Polanco Pérez salió de vacaciones el 31 de diciembre, y las empresas notificaron su ausencia en enero, lo que generó alertas que culminaron en una inspección en febrero que dimensionó las pérdidas. Tanto la Superintendencia como la Fiscalía General de la Nación iniciaron investigaciones penales y administrativas, con el proceso administrativo que podría extenderse hasta tres años. El paradero del coordinador y de las armas permanece desconocido, en un contexto nacional donde se registran 55.589 armas de fuego, de las cuales el 95 por ciento están activas en 430 firmas de seguridad.
Medidas firmes contra irregularidades en el sector
Esta suspensión se suma a las impuestas a otras 31 empresas por inconsistencias administrativas similares, como parte de un esfuerzo mayor por depurar registros e implementar inspecciones periódicas. La Superintendencia busca garantizar la trazabilidad y el control estricto de estos elementos críticos para la seguridad ciudadana.
“Todas las actuaciones se adelantan garantizando el debido proceso, pero bajo una postura firme frente a cualquier irregularidad”
Larry Álvarez, superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada
El incidente subraya vulnerabilidades en la gestión de empresas de seguridad privada y pone en evidencia la necesidad de fortalecer los controles para prevenir que armas terminen en manos equivocadas, afectando la tranquilidad de los bogotanos y del país en general.
