Un tribunal federal en Tampa, Florida, Estados Unidos, aplazó hasta agosto de 2026 el juicio contra Jorge Luis Hernández Villazón, conocido como alias Boliche, por los delitos de lavado de activos, fraude electrónico y extorsión. La decisión se tomó esta semana durante una audiencia en la que la fiscalía federal solicitó más tiempo para ampliar la recolección de evidencias, incluyendo la revisión de nuevas pruebas como grabaciones, comunicaciones y registros financieros, así como la evaluación de su admisibilidad, con posibles implicaciones de secreto profesional entre abogado y cliente. La abogada de la defensa, Silvia Piñeras Vásquez, participó en la diligencia que derivó en este retraso del proceso penal, el cual ya ha sufrido varios aplazamientos previos.
El caso se centra en una red de intermediación ilícita operada por Hernández Villazón, quien prometía beneficios judiciales a narcotraficantes a través de supuestos contactos con agentes federales. Se le atribuyen operaciones por un monto superior a los cuatro millones de dólares, canalizados mediante transferencias internacionales y mecanismos digitales para evadir controles financieros. El acusado actuó como informante durante aproximadamente dos décadas, lo que podría derivar en una condena mínima de varias décadas de prisión si es hallado culpable. La defensa argumenta que no se ha entregado completamente el material probatorio, basado en declaraciones de narcotraficantes aún no reveladas, mientras que co-conspiradores entre Colombia y Estados Unidos figuran como posibles testigos en el proceso.
Controversia política en Colombia
El expediente ha generado un amplio debate político en Colombia, avivado por fotografías de Hernández Villazón junto al abogado Abelardo de la Espriella, mencionadas por el presidente Gustavo Petro, quien sugirió posibles vínculos con estructuras criminales. De la Espriella ha negado cualquier relación ilícita y ha descrito el contacto como estrictamente profesional con un antiguo informante de la DEA. La red infiltró instituciones a través de exfuncionarios y operadores judiciales, lo que añade capas de complejidad al caso que ahora se extenderá por casi dos años más antes de llegar a juicio oral.
Este aplazamiento prolonga la incertidumbre en torno a las ramificaciones del caso, tanto en el ámbito judicial estadounidense como en el colombiano, donde las acusaciones han salpicado figuras públicas y reavivado discusiones sobre la permeabilidad de las instituciones ante redes criminales transnacionales.
