El presidente Gustavo Petro ha propuesto un nuevo aumento al salario mínimo para 2026 mediante decreto, a pesar de las alertas de los gremios empresariales como Andeg y Andi, que advierten sobre la ilegalidad del proceso, riesgos inflacionarios y el temido «efecto arrastre» en contratos laborales y escalas salariales superiores. Esta iniciativa surge en medio del Consejo de Ministros del 21 de abril y ha generado controversia en eventos como el 9° Encuentro y Feria Renovables LATAM en Barranquilla, y el 9° Congreso Integrado de Logística, Zonas Francas y Puertos en Cartagena. Líderes empresariales como Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, y Bruce Mac Master, presidente de Andi, han defendido la autonomía del Banco de la República, que mantiene su tasa de interés en 11,23% para controlar la inflación, mientras Nicolás Rico, líder de la Unidad de Derecho Laboral y Seguridad Social de Scola Abogados, exige un proceso legal conforme a la Ley 278 de 1996.
El gobierno argumenta que esta medida responde a las altas tasas de interés del Banco de la República, que limitan el consumo de los hogares y afectan un salario mínimo actual de dos millones de pesos, proponiendo un incremento del 23,7% para 2026, similar al decretado previamente. Sin embargo, la inflación se ubica entre el 3% y 3,5% en los primeros meses del año, con proyecciones de cierre anual entre el 6% y 8%, lo que genera preocupación por un ajuste que podría desestabilizar la economía. El proceso legal requiere concertación en la Comisión Permanente de Concertación Salarial, integrada por gobierno, trabajadores y empleadores, durante el último trimestre del año, con posibilidad de extensión hasta el 15 de diciembre; de no haber acuerdo, el decreto presidencial debe emitirse hasta el 30 de diciembre, bajo riesgo de prevaricato y nulidad judicial si se viola esta norma.
Críticas empresariales y defensa de la institucionalidad
En un contexto electoral marcado por la cercanía de la primera vuelta presidencial a solo cinco semanas, los gremios insisten en la responsabilidad fiscal y la necesidad de proteger a las familias de la inflación mediante instituciones sólidas. El ajuste salarial generaría modificaciones automáticas en convenciones colectivas, políticas salariales y podría llevar a la desintegralización de esquemas laborales, amplificando el impacto económico en todo el país.
«estos incrementos están respaldados por el principio constitucional del ‘salario vital y móvil’»
Gustavo Petro, presidente
«¿Qué es lo que está haciendo el Banco? Evitando que a la gente le cueste más su canasta familiar; que cuando vaya a la tienda a comprar huevos o leche, no le cueste más. Eso es lo que busca el banco cuando sube las tasas. No es, como dice el presidente, que el Banco tenga una fijación con este Gobierno para que todo le salga mal»
Alejandro Castañeda, presidente de Andeg
«El peor impuesto para un ciudadano de a pie y la forma más eficaz de perder dinero es la inflación. Eso es lo que quiere evitar el Banco de la República»
Alejandro Castañeda, presidente de Andeg
«Colombia debe ser consciente de que las familias requieren una institucionalidad que las defienda contra la inflación»
Bruce Mac Master, presidente de Andi
«Se debe ser responsable a cinco semanas de la primera vuelta presidencial»
Bruce Mac Master, presidente de Andi
Esta tensión entre el Ejecutivo y el sector privado pone en el centro del debate el equilibrio entre el poder adquisitivo de los trabajadores y la estabilidad macroeconómica, en un momento clave para Colombia donde el Banco de la República prioriza el control inflacionario sobre presiones políticas.
