El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que consultará con sus abogados para determinar si las acciones de los magistrados y miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) por investigarlo configuran el delito de prevaricato, luego de que la Corte Constitucional ratificara su sentencia que declara al CNE incompetente para indagar al jefe de Estado por presuntas violaciones a los topes de financiación en su campaña presidencial de 2022. El mandatario hizo el pronunciamiento a través de su cuenta en la red social X, en medio de un contexto judicial que involucra también a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y al Consejo de Estado.
La controversia se originó en octubre de 2024, cuando el CNE abrió una investigación contra la campaña del Pacto Histórico, que incluía al presidente Petro, al gerente Ricardo Roa, a la tesorera Lucy Aydee Mogollón Alfonso, a los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus, así como a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica. En junio de 2025, la Corte Constitucional determinó que la competencia para investigar al presidente recae en la Cámara de Representantes, y pese a ello, el CNE impuso sanciones a la campaña en noviembre de 2025, aunque excluyendo directamente al mandatario. Esta decisión fue ratificada por la Corte Constitucional al rechazar una solicitud del Consejo de Estado para tumbar la sentencia original, lo que abre la puerta a posibles denuncias por prevaricato y nulidades en la investigación que ahora se desarrolla en la Cámara.
Presuntas violaciones y penas por prevaricato
Las irregularidades señaladas por el CNE involucraban supuestas violaciones a los topes de financiación, con cifras que ascienden a 3.709.361.342 pesos en la primera vuelta y 1.646.386.773 pesos en la segunda vuelta de las elecciones de 2022. Además, el Consejo de Estado había declarado previamente competente al CNE e intentado revocar la sentencia de la Corte Constitucional, petición que fue rechazada, consolidando la posición de que solo la Cámara de Representantes puede proceder contra el presidente.
«La corte constitucional no acepta anular su fallo sobre que no se me debe investigar por el Consejo Nacional Electoral sino en el tiempo que establece la ley y que se cumplió con acto del mismo Consejo de Estado donde se dijo que no había sobre topes ni irregularidades en mi campaña.»
Gustavo Petro, presidente de la República
El anuncio de Petro genera tensiones institucionales en Colombia, donde las instituciones judiciales y administrativas como el CNE, la Corte Constitucional y la Cámara de Representantes chocan en la interpretación de competencias. La ratificación de la sentencia no solo invalida las acciones del CNE contra el presidente, sino que podría derivar en acciones legales contra sus magistrados por ignorar fallos judiciales.
«Consultaré con mis abogados si lo cometido por magistrados y miembros del Consejo Electoral fue un prevaricato, para poner las acciones respectivas. De hecho, la investigación que se desarrolla tiene varias bases de nulidad.»
Gustavo Petro, presidente de la República
En caso de configurarse prevaricato, según el artículo 413 del Código Penal, las penas podrían oscilar entre 48 y 144 meses de prisión, una multa de entre 66,66 y 300 salarios mínimos mensuales vigentes, e inhabilidad de 80 a 144 meses, lo que representa un precedente significativo en la accountability de las autoridades electorales frente a decisiones judiciales vinculantes.
