Un análisis reciente de Corficolombiana alerta sobre cómo la expansión del crimen organizado en Colombia está frenando la inversión, el empleo y los negocios, al punto de amenazar el crecimiento económico del país, que según el Global Organized Crime Index 2025 ocupa el segundo lugar mundial en criminalidad organizada, solo por detrás de Myanmar. Este fenómeno se agrava en regiones clave como Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá, Meta, Norte de Santander, Cauca, Nariño y Arauca, donde los grupos armados ilegales, fortalecidos por economías ilícitas como los cultivos de coca que pasaron de 142.000 hectáreas en 2020 a 253.000 en 2023, generan mayores gastos en vigilancia, seguros costosos, interrupciones logísticas, extorsiones y secuestros.
Los datos revelan una escalada alarmante: los grupos armados ilegales cuentan ahora con 27.000 integrantes, cuadruplicados desde los 6.000 de 2017 según la Fundación Ideas para la Paz, mientras las disputas criminales por rentas ilícitas y control territorial alcanzan máximos en los últimos diez años. En 2025, Colombia entró al top 10 mundial de terrorismo según el Global Terrorism Index 2026, con un aumento del 47% en atentados y del 70% en muertes, el peor registro desde 2013; se registraron 1.391 hechos de terrorismo, 698 secuestros, 13.726 homicidios y un incremento del 800% en extorsiones comparado con 2010. Además, Indepaz reporta 187 líderes sociales asesinados en 2025 y 41 más hasta abril de 2026.
Cifras que impactan la economía y la humanidad
El costo del crimen y la violencia representa el 3,6% del PIB en 2022, de acuerdo con el BID y Fedesarrollo, encareciendo las operaciones empresariales y obligando a muchas compañías a reducir actividades o evitar expansiones en zonas de riesgo, particularmente en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Meta, que concentran más de un tercio del PIB nacional en la última década. Humanitariamente, las afectaciones superan los 1,6 millones de personas en 2025, triplicadas respecto a 2024 según United Nations Ocha, con 416 eventos de restricciones al acceso humanitario; en el primer trimestre de 2026, ya suman 160.000 afectados y 8.700 desplazados.
Este análisis de Corficolombiana revive las alertas sobre un problema que no solo estabiliza los cultivos de coca en niveles altos durante 2024-2025, sino que obstaculiza el desarrollo en las regiones motor de la economía colombiana, urgiendo medidas para mitigar el avance de estas economías ilícitas y restaurar la confianza inversionista.
