La Alta Consejería para la Paz, a cargo de Jennifer del Toro, ha declarado que el proceso de diálogo iniciado en 2022 en el departamento de Magdalena, específicamente en la Sierra Nevada de Santa Marta, tanto en zonas urbanas como rurales, culminó en un fracaso rotundo hasta abril de 2026. Este intento de negociación, enmarcado en la política de Paz Total del gobierno, no solo no logró desmovilizar a los grupos armados ilegales como las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) y el Clan del Golfo, conocido también como Ejército Gaitanista de Colombia, sino que fortaleció su control territorial, social y económico en la región.
El fracaso se debió a la ausencia de cronogramas claros, dilaciones institucionales y un enfoque limitado exclusivamente a beneficios jurídicos como la suspensión de órdenes de captura y extradición, sin compromisos concretos para el dejación de armas, mecanismos de verificación ni consecuencias por incumplimientos. Grupos como las ACSN, que superan el millar de hombres armados, y el Clan del Golfo, cuya expansión en Magdalena creció más del 600% entre 2021 y 2026, emitieron hasta 55 pronunciamientos públicos manifestando voluntad de paz, pero estos gestos no se tradujeron en avances reales.
Cifras que evidencian la escalada de violencia
Entre 2022 y abril de 2026, se registraron 4.872 homicidios en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira, de los cuales 2.338 ocurrieron solo en Magdalena, afectando a más de 600.000 samarios. La Alta Consejería ha documentado extorsiones generalizadas, despojo de tierras, castigos extrajudiciales, homicidios selectivos y amenazas a líderes sociales, respaldado por registros de Naciones Unidas y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA. Estos grupos han impuesto un paraestado en la cotidianidad, ofreciendo «servicios de vigilancia» y resolución de conflictos a cambio de extorsiones, reclutando cada vez más jóvenes y desbordando la violencia que impacta la seguridad, el turismo en Santa Marta y la vida diaria de la población.
«No se definieron los tiempos ni los compromisos concretos para dejar las armas. Tampoco hubo claridad sobre las penas o mecanismos de justicia»
Jennifer del Toro, Alta Consejera para la Paz
«Es una especie de paraestado que se impuso en la cotidianidad. Son ellos los que exigen, vigilan y controlan. Están reclutando cada vez más jóvenes a la guerra y la violencia está desbordada»
Juan Ocaña, analista de orden público
Casos emblemáticos como la captura y posterior liberación de alias Cholo, líder de las ACSN, ilustran las debilidades del proceso. Lo único concreto fue el reconocimiento de voceros y la suspensión de órdenes de captura y extradición, pero sin mecanismos de verificación ni sanciones por incumplimientos.
«Lo único concreto fue el reconocimiento de voceros y la suspensión de órdenes de captura y extradición. Pero no hubo mecanismos de verificación ni consecuencias por incumplimientos»
Jennifer del Toro, Alta Consejera para la Paz
Reto para la nueva administración
A pocos meses del relevo presidencial, este fracaso se perfila como uno de los mayores retos para la próxima gestión, que deberá enfrentar un teatro de la paz donde las negociaciones aparentaban avanzar, pero no redujeron la violencia ni desmantelaron las economías ilegales.
«una especie de teatro de la paz: parecía que se negociaba, pero en realidad no se redujo la violencia ni se desmantelaron las economías ilegales»
Jennifer del Toro, Alta Consejera para la Paz
La consolidación del poder de estos grupos armados ilegales exige ahora estrategias urgentes para recuperar el control del Estado en la Sierra Nevada de Santa Marta y mitigar el sufrimiento de sus habitantes.
