La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe anual el jueves 23 de abril, alertando sobre el marcado incremento de la violencia política en Colombia de cara al proceso electoral de 2026. En el documento, la CIDH destaca el asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay en junio de 2025 en Bogotá, así como el desplazamiento forzado masivo en regiones como Catatumbo, Buenaventura, Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Este fenómeno se atribuye a la polarización política, la presencia de actores armados ilegales y un entorno institucional debilitado, agravado por economías ilícitas y la coincidencia temporal con las elecciones.
El informe detalla cifras alarmantes que ilustran la gravedad de la situación: en Catatumbo, durante 2025 se registraron 60.000 personas desplazadas y 12.000 confinadas, especialmente en comunidades indígenas barí y yukpa. Entre enero y julio de ese año, se contabilizaron 107 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos, sumándose a los 1.372 documentados entre 2016 y 2024, de los cuales solo 1.322 están en investigación y apenas 20 han resultado en condenas contra autores intelectuales. Además, más de 22.600 personas de comunidades étnicas fueron desplazadas entre enero y agosto de 2025, mientras que en el primer trimestre del año, en Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, más de 50 jóvenes afro fueron asesinados. En el mismo período, de enero a septiembre, se reportaron 621 feminicidios, 438 alertas por riesgo extremo y 320 intentos de feminicidio.
Cifras que evidencian una crisis persistente
La violencia no se limita a líderes políticos, sino que afecta a excombatientes, pueblos étnicos, afrodescendientes, mujeres trans, trabajadoras sexuales y niñas indígenas, en un contexto de dificultades en la implementación del acuerdo de paz de 2016, que ha visto un aumento de homicidios contra excombatientes en 2025. Aunque las autoridades colombianas han implementado un Plan Integral de Protección para candidatos y monitoreo por parte de la Defensoría del Pueblo, la CIDH los considera insuficientes para garantizar elecciones libres y seguras, limitando la participación democrática en zonas bajo control criminal.
“El país enfrenta un nivel de riesgo elevado por la coincidencia entre violencia y elecciones”
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe anual
En este año preelectoral previo a las presidenciales de mayo de 2026, la CIDH insta al Estado colombiano a fortalecer las medidas de protección y seguridad para candidatos y votantes, así como a frenar la expansión de grupos armados ilegales, subrayando que esta coyuntura pone en jaque la democracia y exige acciones urgentes para mitigar los riesgos y restaurar la confianza en el proceso electoral.
