El Ministerio de Salud de Colombia expidió la Resolución 717 de 2026, firmada este martes 21 de abril, que autoriza por primera vez la hidrólisis alcalina como método para la disposición final de cadáveres humanos en todo el territorio nacional, bajo estricta supervisión estatal. Esta actualización del marco normativo para el manejo integral de cadáveres incorpora este proceso químico, que utiliza agua y soluciones alcalinas a altas temperaturas y presión, dividido en dos etapas: una gestionada por el sistema de salud y otra por los servicios funerarios, con el objetivo de garantizar una bioseguridad equivalente en todos los métodos disponibles y ampliar la supervisión estatal a actores públicos y privados.
El procedimiento requiere entre 1.000 y 1.500 litros de agua por cuerpo, y se aplica en ámbitos hospitalarios, extrahospitalarios y funerarios, guiado por principios de precaución y dignidad humana, que trasciende incluso el hecho de la muerte. Los residuos líquidos generados deberán manejarse bajo estándares ambientales estrictos, involucrando a entidades como las EPS, IPS, secretarías de salud, autoridades judiciales, cementerios, bancos de tejidos y empresas funerarias, pasando de una regulación exclusiva privada a un control estatal integral.
Debate previo y riesgos asociados
Esta medida surge tras un debate en el Congreso de la República que no prosperó, y observaciones realizadas en 2024 por Jaime Urrego, entonces viceministro de Protección Social. Sin embargo, genera preocupación por posibles riesgos ambientales, sanitarios y forenses, derivados de la destrucción total del ADN, lo que podría complicar la identificación de víctimas y la recuperación de restos para investigaciones judiciales.
“Se rompe la estructura de la molécula, la doble hélice, todos los nucleótidos y se altera la configuración química. Se destruye totalmente el ADN”
Carlos Valdés, exdirector del Instituto Nacional de Medicina Legal
Con esta resolución, el Ministerio de Salud busca modernizar las prácticas funerarias en Colombia, equilibrando innovación tecnológica con la protección de la salud pública y el medio ambiente, aunque persisten interrogantes sobre su implementación práctica y los impactos a largo plazo en el sistema forense nacional.
