La Defensoría del Pueblo y ACNUR Colombia alertaron sobre una grave crisis humanitaria en varios territorios del país, donde cerca de 40.000 personas han sido confinadas durante el primer trimestre de 2026 debido a la agudización del conflicto armado. Estas entidades documentaron 26 eventos de confinamiento en departamentos como Cauca, Chocó, Caquetá, Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, Putumayo, Magdalena, Meta y Guainía, atribuidos a restricciones impuestas por grupos armados ilegales que ejercen control social y territorial sobre las comunidades afectadas.
El confinamiento, reconocido como un hecho victimizante desde 2016, implica un aislamiento forzado que impide a las personas abandonar sus territorios, limitando severamente su movilidad, acceso a alimentos y medios de subsistencia. Este fenómeno ha crecido en medio de intensas disputas armadas, generando presiones sobre las poblaciones locales y afectando derechos básicos como la salud, la educación, la alimentación y la vivienda, con un impacto particular en las prácticas ancestrales de los grupos étnicos.
Comunidades étnicas y campesinas en la mira
De los 26 eventos registrados, 17 impactaron directamente a comunidades étnicas, mientras que 9 afectaron a poblaciones campesinas, deshilachando el tejido social en zonas caracterizadas por economías ilícitas y una débil presencia estatal. La agudización del conflicto ha exacerbado estas dinámicas, dejando a miles en una situación de vulnerabilidad extrema que amenaza su supervivencia cultural y económica.
Frente a esta realidad, las entidades reclaman la inclusión inmediata de las víctimas de confinamiento en el Registro Único de Víctimas, lo que facilitaría el acceso a atención integral y reparación. La alerta subraya la urgencia de acciones estatales para mitigar el deterioro humanitario en estos territorios olvidados por el conflicto armado.
