Un tribunal de arbitramento ha ordenado a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) de Bogotá pagar cerca de 200.000 millones de pesos al Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR) Doña Juana, operador del relleno sanitario homónimo en la capital del país, debido a un desequilibrio económico en el contrato de operación. Este fallo, emitido en el tercer proceso arbitral iniciado desde 2010, también impone sanciones al operador por incumplimientos, aunque reconoce compensaciones significativas por acciones de la Uaesp, como la modificación de la licencia ambiental en 2014 y descuentos sin debido proceso aplicados entre 2010 y 2016.
El laudo arbitral, que supera las mil páginas, detalla compensaciones por 68.451 millones de pesos relacionados con la licencia ambiental de 2014, 33.098 millones por descuentos en indicadores de calidad, 70.551 millones por manejo de lixiviados en el período 2010-2016 y 18.324 millones por inversiones en la planta de tratamiento, sumando un total que supera los 400.000 millones de pesos a favor del CGR Doña Juana. A su vez, el operador deberá pagar al Distrito 12.526 millones por mantenimientos de lixiviados entre 2021 y 2023, de los cuales solo ejecutó siete de los 36 exigidos, y 4.035 millones por pagos a la autoridad ambiental, totalizando cerca de 17.000 millones. El fallo analiza el equilibrio económico del contrato durante esos años y establece una remuneración convencional, además de declarar la nulidad de cláusulas sobre inversiones en infraestructura obsoleta, ratificando incumplimientos precontractuales de la Uaesp en la estructuración e información.
Contexto de un litigio prolongado
Este es el tercer tribunal arbitral en una disputa que se remonta a 2010, tras la anulación por el Consejo de Estado del laudo de 2023 por exceder competencias en el análisis tarifario. El contrato carece de una duración fija de 20 años y está condicionado a la capacidad de la licencia ambiental, que podría agotarse este año una vez se llene el área autorizada. El Distrito planea interponer un recurso de anulación ante el Consejo de Estado, mientras avanza un proceso en el Tribunal de Cundinamarca por insuficiencia tarifaria.
“El contrato de operación termina una vez se cope la actual capacidad del área con licencia”
Laudo del tribunal de arbitramento
Esta decisión marca un nuevo capítulo en la compleja gestión del relleno sanitario Doña Juana, el principal destino de residuos en Bogotá, y resalta las tensiones entre la entidad distrital y su operador por el equilibrio financiero y operativo del servicio, con implicaciones para la continuidad del contrato en un contexto de capacidad limitada.
