La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), mediante su Cámara de la Industria de Alimentos, expresó su profunda preocupación por el proyecto de resolución del Ministerio de Salud y Protección Social que busca derogar la Resolución 810 de 2021 e implementar un nuevo etiquetado frontal de advertencia. Esta iniciativa, calificada por el gremio como una restricción desproporcionada, podría impactar negativamente a 51.200 empresas del sector en todo el país, de las cuales el 98,5 por ciento son micro, pequeñas y medianas. Camilo Montes, director ejecutivo de la Cámara, lideró el comunicado que resalta la ausencia de evidencia científica, mesas de concertación y una evaluación exhaustiva de los impactos técnicos y económicos.
El proyecto se encuentra en consulta pública con un plazo para recibir comentarios hasta el 6 de mayo de 2026, y propone un período de transición de apenas seis meses tras su publicación en el Diario Oficial. Entre los cambios destacados figuran la definición de productos ultraprocesados, advertencias específicas para aditivos, el uso de microsellos en empaques pequeños, la prohibición de códigos QR para información nutricional, modificaciones en las tablas nutricionales y restricciones a las declaraciones de propiedades saludables. Estos ajustes, según la Andi, contravendrían el Decreto 1074 de 2015, modificado por el 1468 de 2020, y las recomendaciones de prácticas de la OCDE, generando inestabilidad jurídica y posibles obstáculos técnicos al comercio ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Comunidad Andina.
Impactos en la industria y llamado a la acción
La norma vigente, establecida por la Resolución 810 de 2021 y modificada en 2022 y 2023, sería reemplazada sin un análisis ex post que mida sus efectos reales, lo que derivaría en costos adicionales por el rediseño de etiquetas, trámites ante el Invima y procesos de impresión. El gremio advierte que esta medida no solo afectaría la producción y el abastecimiento de alimentos para los colombianos, sino que impondría cargas innecesarias a un sector clave de la economía nacional.
«Este nuevo reglamento técnico no está debidamente justificado, se hace sin la evidencia científica que debe soportar un cambio tan profundo como éste. Es fundamental que el Gobierno escuche a quienes producen los alimentos en Colombia; ya que no se ha medido el impacto real de esta medida en las empresas. Esta medida afectará a la industria de alimentos, y generará costos adicionales innecesarios en la producción y abastecimiento de alimentos para los colombianos».
Camilo Montes, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Alimentos de la Andi
En respuesta, la Andi hace un llamado urgente a empresas, comercializadores, importadores, académicos y científicos para que participen activamente enviando sus comentarios al Ministerio de Salud antes del plazo establecido, con el fin de buscar un equilibrio entre la protección de la salud pública y la sostenibilidad del sector alimentario en Colombia.
