El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por ciudadanos y organizaciones ambientales para suspender el sacrificio de más de 80 hipopótamos, una especie invasora que representa un grave riesgo para los ecosistemas cercanos al río Magdalena. En su resolución de primera instancia, el juez acumuló varias tutelas similares y exhortó a las autoridades a proceder con la eutanasia o caza controlada de los animales, al tiempo que ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lanzar campañas informativas sobre el tema.
Los hipopótamos fueron introducidos en la década de 1980 por Pablo Escobar en su Hacienda Nápoles, en Puerto Triunfo, Antioquia, donde hoy su población supera los 160 ejemplares, amenazando la fauna nativa, los ecosistemas acuáticos y las comunidades locales en regiones cercanas al río Magdalena. La decisión judicial habilita el avance de estas medidas letales ante la insuficiencia de opciones no letales como la reubicación o la esterilización, que resultan inviables por costos y logística, según argumentan las autoridades ambientales.
Argumentos de la tutela y advertencias del fallo
Los demandantes sostenían en su tutela que el sacrificio era desproporcionado, que no se habían agotado alternativas no letales, y que los hipopótamos merecían consideración como seres sintientes con derechos inherentes a la naturaleza. Sin embargo, el juzgado rechazó estos planteamientos, advirtiendo que cualquier medida judicial contraria quedaría sin efecto y deberá tomarse en cuenta en futuras decisiones. El fallo subraya la necesidad de prevenir la propagación del daño ambiental causado por esta especie exótica, que altera los equilibrios ecológicos de manera irreversible.
Con esta resolución, las autoridades ambientales tienen vía libre para implementar el sacrificio selectivo de al menos 80 hipopótamos en el corto plazo, mientras preparan las campañas educativas que expliquen los antecedentes históricos, las razones técnicas y los motivos científicos detrás de la medida. Aunque existe la posibilidad de impugnación ante instancias superiores, el juez enfatizó la urgencia de actuar para mitigar los riesgos, dejando un precedente clave en la gestión de especies invasoras en Colombia.
