El impuesto al patrimonio decretado por el Gobierno de Gustavo Petro el pasado 24 de febrero no ha alcanzado la meta de recaudación de 8,3 billones de pesos, al reportar la DIAN solo 2,43 billones al 14 de abril, debido a la suspensión del fallo en la Corte Constitucional provocada por los impedimentos declarados por seis de sus magistrados: Lina Escobar, Natalia Ángel, Vladimir Fernández, Paola Meneses, Miguel Polo Rosero y Carlos Camargo, quienes tienen lazos con instituciones afectadas por la medida, como universidades y entidades educativas en Colombia.
La norma, que grava patrimonios mínimos de 10.470 millones de pesos en activos líquidos para financiar los daños causados por la ola invernal en departamentos como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, entró en suspenso tras el análisis inicial realizado por la magistrada Lina Escobar sobre el Decreto 173, con pagos programados para el 1 de abril y el 4 de mayo. La Corte Constitucional ordenó pruebas desde el 3 de marzo y estableció un plazo hasta el 6 de abril para documentos, mientras la Sala Plena debe resolver los impedimentos antes de entrar al fallo de fondo, habiendo dirigido más de cincuenta preguntas a la Presidencia sobre la cobertura del impuesto, alternativas y necesidades tributarias, con gobernaciones informando recursos adicionales requeridos y casi veinte entidades, incluyendo universidades y organismos, invitadas a pronunciarse.
Magistrados con vínculos directos declaran impedimentos
Los magistrados impedidos revelaron sus conexiones personales que los apartan del caso: Lina Escobar es docente en la Universidad Javeriana; Natalia Ángel, vicepresidenta de la Corte, profesora en la Universidad de Los Andes; Vladimir Fernández, docente en la Universidad Externado; Paola Meneses, presidenta de la Corte; Miguel Polo Rosero, docente en la Javeriana y la Universidad Católica; y Carlos Camargo, exvicerrector de la Universidad Sergio Arboleda. Estas declaraciones han dejado en vilo a entidades públicas, empresarios y universidades, expectantes por la resolución que determine el futuro del tributo.
«aunque el nuevo impuesto al patrimonio no me cobija directamente, sí impacta en la institución universitaria en la que ejerzo la docencia»
Lina Escobar, magistrada de la Corte Constitucional
«desde hace varios años soy profesora en la Universidad de Los Andes, institución que podría verse impactada como destinataria de las medidas tributarias»
Natalia Ángel, vicepresidenta de la Corte Constitucional
Críticas al impuesto han surgido desde diversos sectores, como Colfuturo, que lo califica de manifiestamente regresivo, inequitativo y contrario a los principios constitucionales, mientras Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, advierte que miles de empresas no podrán pagar este tributo injusto y terminarán por quebrarse, agregando que gravar el patrimonio empresarial desincentiva la inversión, golpea a compañías con activos acumulados y pone en riesgo el empleo formal de más de tres millones de personas. El Gobierno decretó la emergencia económica ante las inundaciones, pero la incertidumbre judicial frena el recaudo esperado, dejando en jaque los planes de recuperación en las regiones afectadas del norte del país.
