El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia respondió al presidente Gustavo Petro, negándose a entregar los resultados de la necropsia del caso del niño Kevin Arley Acosta, de siete años, sin una orden judicial explícita. En un comunicado oficial, la entidad aclaró que no posee potestad para divulgar dicha información a personas naturales o entidades ajenas a las autoridades competentes que lideran las investigaciones, en reacción a la exigencia presidencial de una pesquisa exhaustiva y al reproche por supuestamente ocultar el informe.
Kevin Arley Acosta, quien padecía hemofilia, falleció tras sufrir una caída en bicicleta sin haber recibido el medicamento vital que debía suministrarle Nueva EPS. La familia del menor denunció la falta de entrega de este fármaco por parte de la entidad de salud, lo que generó un escándalo nacional. El presidente Petro instó a determinar si la omisión se debió a fallas administrativas, recordando un caso previo similar, en un contexto donde los recursos para tratamientos especializados existen, pero están bloqueados por un embargo que asciende a dos billones de pesos sobre la entidad afectada.
Procedimientos legales para los informes de necropsia
El Instituto Nacional de Medicina Legal enfatizó que, conforme a la ley vigente, los informes de necropsia solo se entregan a las autoridades judiciales responsables de las indagaciones, garantizando así la cadena de custodia y la integridad del proceso investigativo. Esta posición se da en medio de la presión pública por esclarecer las circunstancias de la muerte del pequeño Kevin, cuya tragedia ha puesto en el ojo del huracán a Nueva EPS y al sistema de salud colombiano.
“NO TIENE POTESTAD de entregar resultados de las necropsias SIN ORDEN JUDICIAL a entidades o personas naturales, éstos SOLO SE ENTREGAN a las autoridades competentes de adelantar las investigaciones”
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Este pronunciamiento busca disipar dudas sobre la transparencia en el manejo de las pruebas forenses, mientras el caso continúa bajo escrutinio judicial y político, destacando las tensiones entre el Ejecutivo y las instituciones autónomas en la búsqueda de justicia para la familia Acosta.
