En el Senado de Colombia, congresistas como Nicolás Echeverri del Partido Conservador y Antonio Correa del Partido de la U lideran un intenso debate sobre la continuidad de la expedición de pasaportes, ante la inminente expiración del contrato actual el próximo jueves 30 de abril. Las discusiones se intensifican por las advertencias de la Contraloría sobre riesgos al patrimonio de los colombianos y posibles interrupciones en este servicio esencial, con señalamientos adicionales de la Procuraduría respecto a falencias administrativas en la Cancillería. Las declaraciones, realizadas en el marco de un debate parlamentario y a Caracol Radio, ponen en el centro la incertidumbre que genera la proximidad de la fecha límite y la falta de claridad en la nueva contratación.
El senador Echeverri ha calificado este asunto como un debate recurrente y problemático, destacando cómo el interés de un presidente por pasar por encima de la ley pone en jaque un servicio que funcionaba bien y tenía reconocimiento internacional, pero que ahora enfrenta quejas, dudas y reclamos ampliamente reportados por los medios. Por su parte, Correa enfatiza la obligación legal de la Cancillería de garantizar la prestación ininterrumpida, asegurando que los procesos de contratación, elaboración, logística y transición operativa no afectarán los derechos de los ciudadanos ni generarán parálisis.
Advertencias de control y respuesta oficial
La Contraloría ha alertado sobre los peligros de interrupción en la expedición de pasaportes, un servicio vital para el ejercicio de derechos constitucionales fundamentales, mientras la Procuraduría respalda estas preocupaciones por irregularidades administrativas. La Cancillería, por su lado, sostiene que la continuidad está asegurada no solo por compromiso administrativo, sino por mandato legal, y anuncia un nuevo pasaporte con componente de policarbonato híbrido y microchip de última generación conforme a las normas de la OACI, producido bajo cooperación internacional mediante un fondo rotatorio con la Imprenta Nacional. Entre los posibles operadores para el futuro contrato figuran la Casa de la Moneda de Portugal y una empresa francesa aún no identificada.
“Este es un debate recurrente, fastidioso, maluco”
Nicolás Echeverri, senador del Partido Conservador
“la Cancillería anuncia que el servicio es ininterrumpido, pero los hechos y las denuncias ciudadanas muestran todo lo contrario”
Nicolás Echeverri, senador del Partido Conservador
Este pulso legislativo subraya la exigencia de transparencia en la transición y la nueva contratación, en un contexto de creciente inquietud ciudadana por un servicio esencial que no puede paralizarse. Los congresistas insisten en que cualquier falencia podría comprometer el patrimonio público y los derechos de los colombianos, demandando respuestas claras antes de la fecha crítica.
“La Cancillería nos ha certificado de que la garantía de prestación ininterrumpida no es solamente un compromiso administrativo, es una respuesta y una obligación legal de garantizar el funcionamiento de un servicio público esencial para el ejercicio de derechos constitucionales fundamentales de los colombianos”
Antonio Correa, senador del Partido de la U
“Los procesos de contratación, elaboración y logística y cualquier transición operativa de los derechos del ciudadano no van a ser afectados por parálisis e ineficiencias del servicio”
Antonio Correa, senador del Partido de la U
