El Tribunal Superior de Bogotá, a través de su Sala Penal y bajo la firma de la magistrada Alma Gertrudis Chamat Lozano, reprogramó la audiencia virtual para resolver las apelaciones contra las medidas de aseguramiento impuestas a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco en el caso de presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La diligencia, que inicialmente estaba prevista para el 29 de abril a las 9:00 de la mañana, se pospuso al 30 de abril a la misma hora, tras una solicitud de la defensa de Velasco. En esta audiencia se definirá si se mantienen, modifican o revocan dichas medidas, en el marco de un proceso penal por corrupción que involucra contratos por 86.619 millones de pesos, 17 notas de crédito aprobadas entre mayo de 2023 y mediados de 2024.
La decisión del tribunal surge de los recursos de apelación presentados por las defensas de los exfuncionarios, inmersos en una investigación de la Fiscalía por irregularidades en la Ungrd destinadas a obtener apoyos en el Congreso mediante contratos en emergencias en municipios como Saravena en Arauca, Cotorra en Córdoba y El Salado en Carmen de Bolívar. Los cargos imputados incluyen concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, con el propósito alegado por la Fiscalía de favorecer a congresistas como Wadith Alberto Manzur, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrid Manrique Olarte, Juan Diego Muñoz Cabrera, Liliana Ester Vitar Castilla y Juan Pablo Gallo Maya, asegurando así mayorías legislativas para proyectos del Gobierno.
Contexto del caso y situación actual de los implicados
La Fiscalía presentó la acusación formal el 7 de abril, y el caso fue asignado al magistrado Jorge Emilio Caldas Vera el día siguiente. Previamente, el 29 de abril a las 8:15 de la mañana se llevará a cabo en la Corte Suprema de Justicia la audiencia de formulación de cargos. Ricardo Bonilla recuperó su libertad el 7 de marzo tras haber estado detenido desde diciembre de 2024, mientras que otros implicados como el senador Iván Name, el representante Andrés Calle y la excongresista Sandra Ortiz permanecen bajo medidas de aseguramiento. Esta resolución del Tribunal Superior de Bogotá será clave para determinar la situación jurídica de Bonilla y Velasco en un escándalo que ha sacudido el panorama político nacional.
