La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, liderada por Felipe Durán Carrón, identificó que la intermediación en la comercialización de energía genera un sobrecosto promedio de 59,58 pesos por kilovatio hora en las tarifas eléctricas para los usuarios finales en Colombia. Este hallazgo surge de un análisis técnico sobre los comercializadores puros, que actúan como agentes intermedios comprando y vendiendo energía sin atender directamente a los consumidores, lo que ha llevado a la entidad a solicitar una revisión profunda del esquema regulatorio en el mercado eléctrico nacional.
El impacto de esta práctica es significativo, afectando a millones de hogares y empresas, con una participación de la intermediación que pasó del 9 por ciento en 2020 a cerca del 25 por ciento proyectado para 2026. Superservicios detectó una alta concentración de resultados financieros en un grupo reducido de empresas, junto con una dependencia notable de transacciones intermediadas, lo que eleva injustificadamente las tarifas para los usuarios.
Concentración y recomendaciones para ajustar la regulación
En su reporte, la Superintendencia destaca que incluso los generadores puros venden más energía de la que producen, recurriendo al mercado mayorista para adquirirla, mientras se monitorean de cerca los ingresos, costos, márgenes y la coherencia operativa de estos agentes. Ante posibles incumplimientos, se evalúan medidas administrativas, y se recomienda a la Comisión de Regulación de Energía y Gas fortalecer la vigilancia para garantizar costos eficientes.
“La regulación actual permite la intermediación en la compra y venta de energía, lo que al final encarece el costo para los usuarios. Existen comercializadores de energía que no atienden usuarios, sino que se dedican a comprar y vender energía a los que sí atienden usuarios. La regulación debe analizar a fondo esta situación para garantizar costos eficientes”
Felipe Durán Carrón, superintendente de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Esta situación pone en evidencia la necesidad de ajustes regulatorios urgentes para mitigar el crecimiento de la intermediación y proteger el bolsillo de los colombianos, promoviendo un mercado más transparente y equitativo en el sector eléctrico.
