La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha actualizado la cifra de falsos positivos a 7.837 casos, tras ampliar el periodo de investigación desde el rango previo de 2002 a 2008 hasta un marco temporal más extenso que abarca de 1990 a 2016. Esta revelación, anunciada por el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, busca esclarecer la magnitud real de estos execrables hechos en los que civiles inocentes fueron asesinados por miembros del Ejército y presentados como guerrilleros abatidos en combate. La noticia ha desatado inmediatas críticas de políticos de izquierda dirigidas contra el uribismo, en un contexto de tensiones políticas que vinculan estos hallazgos con propuestas recientes como la de la senadora Paloma Valencia de nombrar a Álvaro Uribe ministro de Defensa.
El análisis exhaustivo realizado por la JEP eleva la cifra anterior de 6.402 casos a estas 7.837 víctimas, mayoritariamente jóvenes y campesinos, y ha generado un torbellino de reacciones en el espectro político colombiano. Figuras como el exgobernador de Nariño, Camilo Romero, han calificado el suceso con dureza, mientras que la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, y la representante a la Cámara Esmeralda Hernández han enfatizado la gravedad del fenómeno, alertando sobre posibles retrocesos en las políticas de seguridad.
Reacciones políticas y llamados a la memoria
Las declaraciones no se han hecho esperar. Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, justificó la ampliación temporal al afirmar que se amplió el marco temporal para esclarecer la magnitud de estos crímenes sistemáticos ocurridos en todo el territorio colombiano.
“Se amplió el marco temporal para esclarecer la magnitud”
Alejandro Ramelli, presidente de la JEP
Camilo Romero, exgobernador de Nariño, apuntó directamente al Estado al declarar que se ha dicho hoy con claridad que son 7.837 jóvenes asesinados con balas del Estado, con balas del Gobierno, y criticó la propuesta de Paloma Valencia de revivir figuras asociadas al pasado uribista en el Ministerio de Defensa.
“se ha dicho hoy con claridad que son 7.837 jóvenes asesinados con balas del Estado, con balas del Gobierno”
Camilo Romero, exgobernador de Nariño
Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico, vinculó las críticas del uribismo a este escrutinio al decir que esta es la verdadera razón por la que al uribismo le molesta que se investigue, que se crucen bases de datos, y elevó el tono al calificar el hecho no como meros casos, sino como un genocidio, el exterminio del joven pobre al que le pusieron botas.
“Esta es la verdadera razón por la que al uribismo le molesta que se investigue, que se crucen bases de datos”
Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico
“No estamos ante casos, estamos ante un genocidio. El exterminio del joven pobre al que le pusieron botas”
Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico
Gustavo Bolívar, exsenador y escritor, lanzó un imperativo en redes sociales con la frase NUNCA OLVIDEN ESTA CIFRA 7.837, mientras que Esmeralda Hernández, representante a la Cámara del Pacto Histórico, describió la actualización como una cifra escalofriante de jóvenes y campesinos asesinados y presentados como guerrilleros, expresando profunda preocupación por el posible retorno de la política de seguridad democrática que, según ella, facilitó estos abusos.
“NUNCA OLVIDEN ESTA CIFRA 7.837”
Gustavo Bolívar, exsenador y escritor
“una cifra escalofriante: jóvenes y campesinos asesinados y presentados como guerrilleros”
Esmeralda Hernández, representante a la Cámara del Pacto Histórico
Este anuncio de la JEP no solo actualiza las estadísticas de uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de Colombia, sino que reaviva el debate sobre la responsabilidad estatal en los falsos positivos y las tensiones entre el uribismo y la izquierda, proponiendo que la sociedad no olvide este genocidio para evitar su repetición en el futuro.
