La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, presidida por Carlos Roberto Solórzano Garavito, solicitó a la Corte Constitucional revisar la tutela STL6294-2026 que había anulado la condena por peculado contra los empresarios Alfonso y Juan Carlos Dávila Abondano en el caso Agro Ingreso Seguro. Esta petición se dio a conocer mediante un comunicado oficial emitido el 29 de abril de 2026, apenas cinco días después de que la Sala de Casación Laboral notificara su fallo el 24 de abril, ordenando al Juzgado 25 Penal del Circuito de Bogotá retrotraer el proceso desde la audiencia de verificación del preacuerdo.
Los hermanos Dávila Abondano habían aceptado una pena de 24 meses de prisión en un preacuerdo con la Fiscalía por el delito de peculado por apropiación agravada y tentada, condena que se hizo firme el 18 de julio de 2025 tras ser confirmada por el Juzgado 25 Penal del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior de Bogotá, e incluso ratificada en casación. Sin embargo, la Sala de Casación Laboral concedió la tutela al considerar que existió una vulneración al debido proceso y a la defensa por un defecto procedimental en la verificación del preacuerdo, específicamente por falta de control material sobre la tipicidad de la conducta y las pruebas presentadas.
Antecedentes y decisiones previas en el escándalo Agro Ingreso Seguro
El caso Agro Ingreso Seguro está ligado a irregularidades en la entrega de subsidios agrícolas durante la gestión del entonces ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. En un intento previo por revertir la condena, la Sala de Casación Civil había negado una tutela el 28 de enero de 2026, al no encontrar vulneración de derechos fundamentales por parte de los procesados, argumentando que su legitimación para cuestionar el proceso era insuficiente y que la conducta sí configuraba el tipo penal de peculado.
“Los procesados, con base en un preacuerdo, habían aceptado expresamente su responsabilidad penal en el delito de peculado”
Comunicado de la Sala de Casación Penal
La Sala de Casación Penal enfatizó en su comunicado que los empresarios suscribieron el preacuerdo de manera libre, consciente y voluntaria, aceptando el delito imputado. No obstante, el fallo de la Sala Laboral sostuvo que
“Se incurrió en una anomalía con trascendencia constitucional desde el preciso instante en el cual se verificó y aprobó un preacuerdo”
Fallo de la Sala de Casación Laboral
lo que derivó en la orden de realizar una nueva audiencia de verificación en el Juzgado 25 Penal del Circuito de Bogotá.
Esta solicitud de revisión por parte de la Sala Penal busca esclarecer las discrepancias entre salas de la Corte Suprema y podría redefinir el rumbo del proceso contra los Dávila Abondano, en un caso que sigue resonando por sus implicaciones en el manejo de recursos públicos durante el programa Agro Ingreso Seguro.
