El gobierno nacional, a través de la Fiscalía General de la Nación, ha iniciado una investigación penal contra posibles responsables de minería ilegal en los terrenos de un batallón militar ubicados en Caucasia, Antioquia, tras una denuncia publicada por The New York Times que reveló la explotación sin autorización en la zona. El abogado Julián Ossa, experto en el tema, ha detallado los delitos imputables tanto a militares como a civiles involucrados, destacando la acción penal exclusiva de la Fiscalía, mientras que el Gobierno y las Fuerzas Militares adelantan diligencias administrativas y disciplinarias paralelas.
La denuncia del influyente medio neoyorquino afirma que las autoridades colombianas tenían conocimiento de estos sitios afectados por la minería ilícita, en una región donde operan grupos armados como el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las Farc. Esta situación ha activado el mecanismo investigativo, con posibles sanciones disciplinarias en las Fuerzas Militares que incluyen suspensión, inhabilidad o expulsión de los implicados.
Delitos y penas detalladas por el experto
Entre los delitos que podrían configurarse se encuentra la explotación ilícita de yacimiento, tipificada en el artículo 332 del Código Penal, con penas de entre 32 y 144 meses de prisión, además de multas que oscilan entre 133.000 y 150.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Asimismo, el cohecho propio, regulado en el artículo 405, conlleva de 80 a 144 meses de cárcel y multas de 60 a 150 salarios mínimos. El prevaricato por omisión, según el artículo 414, impone de 32 a 90 meses de prisión a servidores públicos que hayan omitido o retardado funciones de su cargo causando lesión jurídica. Finalmente, el concierto para delinquir agravado del artículo 340 podría acarrear de 8 a 18 años de prisión, incrementada en la mitad para funcionarios públicos.
“La titularidad de la acción punitiva y, por tanto, la discrecionalidad para adelantar investigaciones de carácter penal en contra de los ciudadanos pertenece de manera exclusiva a la Fiscalía General de la Nación, la cual actúa a través de sus delegados, lo que reafirma la separación de poderes entre el poder judicial, ejecutivo y legislativo, pilar fundamental de nuestro Estado social y democrático de derecho”
Julián Ossa, abogado
“Podrían incurrir en el delito de cohecho propio, establecido en el artículo 405 del Código Penal colombiano, por el que sus infractores podrían incurrir en penas que van entre los ochenta a los ciento cuarenta y cuatro meses de prisión y una multa de sesenta a ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales”
Julián Ossa, abogado
“El servidor público que haya omitido, retardado o denegado funciones propias de su cargo, con pleno conocimiento y voluntad, y haya generado una lesión jurídica, podrá incurrir en el delito de prevaricato por omisión, previsto en el artículo 414, el cual contempla una pena de prisión de 32 a 90 meses de prisión”
Julián Ossa, abogado
La Fiscalía podría apoyarse en investigaciones internas de las Fuerzas Militares para sustentar su pesquisa, aunque la defensa de los investigados podría intentar desacreditar cualquier relación con grupos armados ilegales o demostrar la ausencia de material probatorio suficiente. Este caso subraya la complejidad de la minería ilegal en zonas estratégicas y el compromiso institucional por esclarecer los hechos en pro de la transparencia y el Estado de derecho.
